Las previsiones del BBVA sobre la destrucción de empleo en este año, dando por válida la posibilidad de que el paro se sitúe por encima del 24 por ciento y llegue a rozar la cifra de seis millones de desempleados, y el discurso de Mariano Rajoy en el Congreso, en el que sin apuntar cifras anunció que en 2012 se seguirán destruyendo puestos de trabajo, fueron un baño de cruda realidad para los ciudadanos y, también, para el propio presidente. Porque sin llegar al optimismo antropológico de Zapatero, Rajoy había hecho un análisis de la realidad según la cual el problema no era España, sino su anterior presidente, con lo que la mera llegada del PP al Gobierno de la nación actuaría como motor capaz de reactivar la economía. El propio Rajoy anunció -está en las hemerotecas- que arreglaría la crisis en dos años. Y Esteban González Pons aventuró la creación de 3.500.000 de empleos en esta legislatura. Acabamos de comenzarla, pero parece imposible cumplir aquellas optimistas intenciones a la luz de los nuevos diagnósticos.

La reforma laboral que el gobierno aprobará por decreto y sobre la que ha exhibido voces disonantes -Luis de Guindos propone un contrato único que Fátima Báñez considera inconstitucional, ni más ni menos- y la nueva ronda de reformas del sector financiero parece que tampoco serán capaces de frenar la sangría del paro ni de hacer fluir el crédito a corto plazo. Y es aquí en donde en el contundente discurso de Rajoy se echó en falta la receta del gobierno para crear empleo y reactivar la demanda. Quizás no la tenga, o no la quiera contar, o se fíe todo a la suerte de que Europa comience a mostrar síntomas de reactivación en 2013 que nos contagien. Se verá.

También se echa en falta que un Gobierno que se ha mostrado tan activo en poner en marcha medidas de escaso impacto económico, desde la supresión de la asignatura de Educación para la ciudadanía a la reforma de la ley del aborto, pasando por el divorcio ante notario o la implantación de receta para dispensar la píldora del día después, no muestre la misma celeridad para cumplir con su deber ineludible de aprobar los nuevos Presupuestos del Estado y espere a la celebración de las elecciones de Andalucía para hacerlo. Es difícil pensar que las nuevas cuentas del Reino desvelen disgustos superiores a los que ya conocemos o intuimos. Y parece poco serio que en las actuales circunstancias nuestro país viva con un presupuesto prorrogado por razones meramente electorales.