MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado la puesta en marcha de un "certificado" para emigrantes españoles que retornen definitivamente al país a fin de "garantizar su seguridad jurídica" y promover su reintegración en la sociedad.

En su primera comparecencia como ministra en el Congreso, Báñez ha explicado que "el mandato de la Constitución Española es orientar la política de los emigrantes hacia su retorno" y que su gabinete pretende trabajar en esta línea.

"Vamos a establecer un certificado de emigrante retornado que facilite la reintegración social, sanitaria y laboral del español en el exterior que regrese definitivamente, garantizando así su seguridad jurídica", ha señalado.

En cuanto a la política de Inmigración, Báñez ha puesto el acento en la necesidad de cumplir la legislación vigente, sin referirse a las modificaciones en la Ley de Extranjería anunciadas por el Partido Popular durante la campaña electoral sobre asuntos como la figura del arraigo o el visado de búsqueda de empleo.

"La situación económica actual impone que el flujo de inmigración se realice de manera ordenada y controlada, de forma que el que venga tenga un contrato laboral y/o medios económicos suficientes para llevar una vida digna. Nuestra normativa en materia de extranjería lo contempla ya así. En estos momentos es preciso asegurar el cumplimiento de las normas y ser diligentes en cuanto a la verificación del cumplimiento de los requisitos", ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado la necesidad de ser "igualmente celosos en cuanto a la aplicación de las normas en materia de arraigo y reagrupación familiar" ya que, a su juicio, "en el pasado se han interpretado con excesiva laxitud". "Tampoco promoveremos regularizaciones masivas", ha añadido.

Báñez, que ha recordado que los extranjeros son ya el 12 por ciento de la población y registran una tasa de paro del 34,82 por ciento, ha apuntado su objetivo de lograr una inmigración "legal, ordenada, vinculada al empleo y a la capacidad de acogida" del país, ha incidido además en que la integración de los nuevos ciudadanos debe ser "bidireccional".

"El inmigrante legal ha de conocer sus derechos pero también sus obligaciones, al igual que el nacional español; ha de conocer nuestra cultura y nuestras costumbres y la obligación de la Administración es fomentar ese conocimiento mediante las correspondientes acciones formativas", ha apuntado.

Para ello, ha afirmado que trabajará con el resto de ministerios, comunidades autónomas y administraciones locales para "llevar estrategias comunes en materia de integración", prestando "especial atención" a colectivos vulnerables entre los que ha destacado los menores no acompañados, las mujeres, las familias con hijos, la acogida de inmigrantes, asilados, refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria o internacional.

Por último, ha avanzado su intención de "iniciar una revisión de la política de subvenciones en el área de migraciones, que se oriente por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación" para garantizar la "eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

Por otra parte, la ministra se ha referido a la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), cuya promoción depende también de su departamento, y ha anunciado "un programa de fomento de la cultura emprendedora y de la RSE en centros educativos y en enseñanzas universitarias".

"Crearemos además, un espacio virtual donde las diferentes instituciones públicas y privadas podamos compartir buenas prácticas y medidas emprendedoras", ha añadido.

En esta línea, ha señalado que también se impulsará "un Plan Nacional de RSE en consonancia con las recomendaciones de la Comisión Europea del 25 de octubre de 2011 que sirva para homogeneizar las legislaciones autonómicas sobre responsabilidad social e impulsen su desarrollo en España".