- La sentencia recoge que "no se ha demostrado en absoluto" la denuncia de la Comisión Europea y la Eurocámara

MADRID, 26 (OTR/PRESS)
La Comisión Europea y la Eurocámara habían llevado la Ley Urbanística Valenciana (LUV) hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE). Ambas instituciones consideraban que el texto vulneraba la legislación comunitaria en cuanto a contratación pública. Este jueves, la sentencia definitiva ha respaldado la normativa de la Autonomía española, al considerar que "no se ha demostrado en absoluto" que las obras "de conexión e integración de los terrenos con las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y servicios públicos" sean el objetivo principal de los contratos "entre la entidad territorial y el urbanizador". El Gobierno valenciano celebra que "hoy [por este jueves] se cierran siete años de persecución".

La Comisión Europea, la Eurocámara y hasta el Parlamento. Todas estas instituciones habían detectado irregularidades en la LUV. La última de ellas había elaborado varios informes censurándola, e incluso había amenazado con congelar los fondos europeos para España si no se corregían los abusos urbanísticos. Las dos primeras habían llevado tales abusos hasta el Tribunal de Luxemburgo, que este jueves se ha posicionado a favor de la normativa.

La sentencia desestima el recurso de la Comisión y le condena a pagar las costas al concluir que las directivas comunitarias sobre contratación pública no se pueden aplicar a esta legislación. Según añade, los planes urbanísticos de actuación integrada (PAI) no son contratos públicos y "no se ha demostrado en absoluto" que las obras "de conexión e integración de los terrenos con las redes de infraestructuras, energía, comunicaciones y servicios públicos" sean el objetivo principal de los contratos.

El organismo había denunciado que los contratos "entre el Ayuntamiento y el urbanizador" eran "públicos de obras". Así, aseguraba que no respetaban las exigencias de publicidad y transparencia que la impone la Unión Europea (UE) en la adjudicación de los PAI. El fallo asegura que las actividades valencianas "no pueden calificarse de "obras"" en el sentido al que se refiere la Comisión "en su escrito de demanda".

El TUE cita entre esas actividades "el plan de desarrollo", "la propuesta y la gestión del proyecto de reparcelación", el hecho de que la Administración obtuviese gratis "los suelos dotacionales públicos y con destino al patrimonio público de suelo de la entidad territorial" o la "gestión de la transformación jurídica de los terrenos".

También menciona el "reparto equitativo de las cargas y beneficios entre los interesados" y "las operaciones de financiación y de garantía del coste de las inversiones, obras, instalaciones y compensaciones necesarias para la ejecución del PAI".

O, lo que es lo mismo, que el TUE... "Dice que hemos hecho las cosas como se debían hacer, en beneficio del bien común, no en beneficio particular de un partido político determinado". Palabras de Juan Cotino, vicepresidente tercero del Consell y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, que ha celebrado que "hoy [por este jueves] se cierran siete años de persecución".

El popular ha celebrado que el Tribunal de Luxemburgo haya demostrado que consejeros como José Ramón García Antón, Rafael Blasco o González Pons y los técnicos de la Generalitat, "hacían las cosas bien".

ACOSO DE LA OPOSICIÓN
Lo que más lamenta de todo es que la oposición se ha acogido a este hecho para acosar al partido del Gobierno valenciano en estos siete años. Según ha resaltado, el PSOE-PSPV lleva desde 2004, cuando se aprobó la Ley, "yendo contra la Comunidad Valenciana en el Parlamento Europeo". Este hecho no sólo ha afectado al PP, sino a toda la Autonomía. El consejero ha criticado "la difamación" socialista, y la de los líderes "de EUPV y de Compromís".

"Parecía que todos estaban felices de ir contra la Comunidad", ha subrayado. Estas acciones han supuesto "muchas pérdidas de puestos de trabajo y muchas inversiones que podían realizarse y no se han realizado". "El señor Calabuig", que "hoy es concejal del Ayuntamiento" de la capital valenciana, ha recibido mención especial.

El consejero también ha hecho alusión al comportamiento de la ex ministra Cristina Narbona, que "estuvo hablando en todas partes contra el urbanismo valenciano y contra los responsables de la Comunidad". También el eurodiputado socialista Andrés Perelló, facilitó "cientos de titulares en periódicos de la Comunidad Valenciana, de España y del mundo entero".

Esto provocó que "eurodiputados de distintas partes del mundo que no conocían ni dónde estaba la Comunidad Valenciana" acudiesen a ella "como si fuesen la Inquisición, a perseguirla".

De todas formas, Cotino agradece que haya acabado ese período de difamaciones, de calumnias, de sabotear la imagen de toda la Comunidad, de conseguir titulares de periódicos en el ámbito nacional e internacional". El popular concluyó: "La razón llega, aunque pasen siete años".