SEVILLA, 26 (OTR/PRESS)
La Fiscalía de Sevilla ha informado este miércoles de que solicitará prorrogar la situación de prisión preventiva de Miguel Carcaño, en la cárcel de Morón de la Frontera desde el 16 de febrero de 2009 por la violación y el asesinato de la joven Marta del Castillo, una decisión que ha tomado después de conocer que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado que sea un tribunal profesional, y no un jurado popular, el encargado de enjuiciar a los cuatro mayores de edad acusados.

De este modo, fuentes del Ministerio Público han señalado a los periodistas que, en los próximos días, solicitará prorrogar durante dos años más la situación de prisión preventiva del asesino confeso de la joven sevillana, que el próximo día 16 de febrero cumple dos años en la cárcel, petición que tendrá que plantear al juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina. La Ley permite hasta dos años de prisión preventiva, prorrogables otros dos años como máximo.

Hay que recordar que la Fiscalía solicita para Miguel, el único de los acusados que permanece en la cárcel, 52 años de prisión --un año y siete meses más que la acusación particular ejercida por la familia-- por los presuntos delitos de asesinato, dos delitos de agresión sexual y otro contra la integridad moral, mientras que pide ocho años de cárcel para su hermano, Francisco Javier Delgado, y cinco para Samuel Benítez y María García.

DAÑO MORAL
El Ministerio Público imputa a Carcaño y al resto de acusados un delito contra la integridad moral, ya que, según argumenta, "durante todo este tiempo, los inculpados, de forma contumaz, se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones, todas ellas erráticas, sobre este extremo". Asimismo, pide que indemnicen solidariamente al Ministerio del Interior en 616.319,27 euros, importe en el que cifra las labores de búsqueda del cuerpo de la menor tanto en el río Guadalquivir como en el vertedero de Alcalá de Guadaíra y en la localidad de Camas.

Además, reclama que abonen de forma solidaria 160.000 euros a los padres de la joven, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y 30.000 euros para cada una de las dos hermanas, todo ello por "el daño moral derivado de la muerte de su hija y hermana, respectivamente, así como por el incremento del dolor y el ultraje a sus más íntimos sentimientos derivados de la imposibilidad de haber dado sepultura al cuerpo de Marta".