MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Núria Buenaventura, ha registrado una Proposición no de Ley en la Cámara Baja para cambiar la ley de Propiedad Intelectual, de manera que se puedan recuperar los derechos anónimos caducados que recauda la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y que le reporta anualmente ingresos millonarios injustificados según los informes de la Comisión Nacional de la Competencia.

Esta iniciativa, firmada conjuntamente con IU, insta al Gobierno a "garantizar la devolución a las administraciones públicas, empresas y particulares, de todas aquellas cantidades abonadas en concepto de propiedad intelectual que las sociedades de gestión que no hayan podido ser repartidas a su titular" y a "aumentar el control público y la transparencia en el reparto de los ingresos en las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual".

La PNL también insta a "acotar las actividades de las sociedades de gestión, limitando sus inversiones patrimoniales e incrementando las inversiones en el fomento de la creación y la cultura" además de "garantizar que las sociedades de gestión administren exclusivamente las cuentas de sus miembros, quedando excluido el cobro de derechos de autor de titulares ajenos a la sociedad, de obras no incluidas en su base de datos o en el caso de que el autor o autora manifieste la renuncia al cobro de dichos derechos".

"En caso de que no sea posible el retorno a las personas administraciones públicas, empresas y particulares de las cantidades recaudadas por propiedad intelectual y no repartidas entre los autores o autoras, las entidades de gestión devolverán al Gobierno los ingresos no repartidos para la creación de un fondo público de promoción y fomento de la cultura y la creación", prevé esta iniciativa de la diputada ecosocialista.

Buenaventura subraya en la exposición de motivos de esta iniciativa que "el derecho de autor es necesario para garantizar la creación cultural y la autonomía creativa, pero no puede entrar en contraposición con los derechos ciudadanos y de acceso a la cultura, así como tampoco obviar las nuevas formas de creación cultural".

"Las propuestas del Gobierno sobre la gestión de la propiedad intelectual, como el canon digital o la disposición final segunda en la ley de economía sostenible, pueden vulnerar derechos fundamentales, como lo son el derecho a la libertad de expresión y a la información. Pero además parten de una concepción alejada de la realidad de los actuales medios de difusión de la cultura y del otorgamiento de privilegios injustificados a las sociedades de gestión", añade.

Para Buenaventura, el Objetivo principal de la Ley de Propiedad Intelectual debe ser "proteger la creación y la innovación, a los creadores y creadoras y consecuentemente a los medios de producción y distribución del arte, la cultura y el conocimiento" y añade que "la era digital ha permitido que surjan nuevos modelos más eficaces que la imposición de un canon indiscriminado gestionado por Sociedades de Gestión opacas, que tienden a fines recaudatorios en lugar de fomentar lo creativo".