En respuesta a quienes anuncian que la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre sólo puede conducir a la melancolía, por la escasa disposición de los trabajadores a participar en la movilización y también por la ausencia de objetivos concretos, los líderes de los dos grandes sindicatos españoles sostienen que todas las huelgas generales han provocado siempre efectos económicos y sociales. Puede ser. Pero ninguno beneficioso, a mi juicio. Ni para la causa de los trabajadores ni la del país en general.

Si al menos hubieran hablado de efectos políticos se entendería el anuncio y se entendería la movilización. Sería coherente con las causas esgrimidas para la convocatoria de esta huelga general, cuyo preaviso legal fue oficialmente entregado este martes en el Ministerio de Trabajo.

Esas causas, recordemos, responden básicamente al malestar de los sindicatos por dos decisiones eminentemente políticas. Ambas, con la correspondiente cobertura parlamentaria. Una es la reforma del mercado de trabajo que está a punto de salir aprobada en el Congreso de los Diputados, después de su paso por el Senado. Y la otra es el famoso "tijeretazo" del Gobierno al gasto público, que incluye la congelación de las pensiones y un recorte en el sueldo de los funcionarios.

Las dos decisiones están directamente vinculadas a la lucha contra la crisis económica que, entre otras cosas, exige reformas estructurales y drásticas medidas de austeridad en el gasto para volver a la disciplina fiscal europea. No hacerlo hubiera dejado a la economía española a los pies de los caballos. Es decir, expuesta a los muy poderosos y nada invisibles mercados internacionales. Un peligro que España vio muy de cerca en el pasado mes de mayo, a raíz de la crisis griega.

No es esa la lectura firmada por los convocantes de la huelga. Tanto Cándido Méndez como Fernández Toxo afirman que la reforma laboral y las políticas de ajuste puestas en marcha por el Gobierno no van a acabar con la crisis, no van a servir para contribuir a la recuperación económica, no van a crear puestos de trabajo y, para colmo, van a terminar recortando los derechos de los trabajadores.

No tienen precio como agoreros los líderes de UGT y CC OO. Sin embargo, no acaban de percibir los trabajadores que la huelga general sea la mejor palanca del cambio -rectificación, dice Méndez- en la política del Gobierno y en la superación de los problemas que aquejan hoy por hoy a la clase trabajadora, con cuatro millones de españoles en paro. Los sondeos previos a la jornada del día 29 revelan pocas ganas de huelga general y un pobre porcentaje de trabajadores dispuestos a secundarla. Eso quiere decir que los sindicatos corren el riesgo de desprestigiarse aún más. Y esa sería una de las consecuencias sociales de la huelga.