La Sala ordena a Pedraz que vuelva a interrogar a los marineros y que se les practique un examen médico que acredite sus daños psicológicos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha ordenado al juez Santiago Pedraz que reabra la investigación que instruía contra los dos presuntos piratas somalíes Cabdullahi Cabdiwily, alias "Abdu Willy", y Raageggesey Hassan Haji, por el secuestro de atunero "Alakrana" para determinar, entre otras cosas, si pertenecían a una banda organizada.

El tribunal dictó hoy una resolución judicial en la que revoca el auto de conclusión del sumario dictado por el magistrado el pasado 17 de noviembre, y obliga al juez instructor a que practique nuevas diligencias que considera "ineludibles" antes de que se celebre el juicio oral, tal y como pidieron cuatro marineros personados en la causa.

Los magistrados también acuerdan que los forenses de la Audiencia Nacional sometan a los marineros, que permanecieron 47 días secuestrados frente a las costas de Somalia, a un examen médico en el que se puedan acreditar los daños psicólogicos y físicos que sufrieron a consecuencia del cautiverio.

También ordenan que el juez instructor les vuelva a tomar declaración junto a los otros 14 tripulantes españoles que fueron retenidos. Los marineros argumentaron que cuando Pedraz les tomó declaración en Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) durante la última semana de noviembre lo hizo en el marco de la causa que mantiene abierta para investigar si el armador pagó rescate y no en la que se sigue contra los dos somalíes.

LA REVOCACIÓN, TRÁMITE "OBVIO"
En su auto, que apenas tiene dos páginas, los magistrados Ángela Murillo (presidenta), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel consideran que la revocación del auto de conclusión del sumario es un trámite "obvio" a fin de incorporar a la causa "las diligencias solicitadas por los perjudicados, así como cualquier otra que se estime de interés para la adecuada investigación de los hechos".

La reapertura de la investigación y la posterior práctica de nuevas pruebas fueron solicitadas por cuatro de los ocho marineros españoles que sufrieron el secuestro: el jefe de máquinas del "Alakrana", Víctor Bilbao, y los marineros Andoni Gotxi, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez.

CONSIDERACIÓN COMO VÍCTIMAS
La consideración de los piratas como miembros de una banda organizada podría abrir la puerta a que fueran condenados por delitos de terrorismo, lo que, según algunas fuentes jurídicas consultadas, abriría la puerta para que los secuestrados pudieran percibir una indemnización por su condición de víctimas.

Los dos somalíes serán juzgados por 36 delitos de detención ilegal --uno por cada uno de los tripulantes del pesquero secuestrado-- y robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de entre 219 años y medio y 365 años de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía, optó por no imputarles ningún delito de terrorismo a pesar de que Baltasar Garzón, que le sustituyó en los primeros días de la instrucción, les atribuyó indiciariamente su pertenencia a un grupo denominado "Burcad Badeed", cuya traducción literal es "Los que roban en el mar".

LA POLICÍA DESCARTA EL RESCATE
En el marco de la instrucción sobre el pago del rescate, que se encuentra bajo secreto, el Cuerpo Nacional de Policía remitió la semana pasada un informe al juez Pedraz en el que descarta que el armador del atunero "Alakrana", Kepa Etxebarría, abonara dinero a cambio de la liberación de la tripulación.

El citado informe apoya la declaración realizada por el armador, que negó haber abonado cantidad alguna a los corsarios. Según publicaron algunos medios, Etxebarría aseguró ante el magistrado que el peso de la negociación con los piratas recayó sobre un misterioso personaje que dijo llamarse "Pepe" y que no pudo especificar si pertenecía al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Durante la declaración, que fue genérica y minuciosa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 preguntó a Etxebarría si bufetes de abogados de Gran Bretaña y otros países podrían haber intermediado en el pago del rescate, que los propios piratas elevaron a 2,7 millones de euros. Etxebarría reveló también al magistrado que los piratas causaron a su empresa daños por importe de medio millón de euros.