Sólo en España, el único país del Eje o colaborador del Eje que no fue desnazificado tras la II Guerra Mundial ni nunca, podría darse la circunstancia asombrosa de que un Tribunal de Justicia acepte la querella de la Falange contra el juez Baltasar Garzón por haber querido investigar los crímenes del franquismo, perpetrados en gran parte, sobre todo en los meses subsiguientes a la Sublevación fascista de julio del 36, por una organización llamada también Falange (luego FET de las JONS), cuya relación histórica con la querellante se ignora pero se puede presumir. El suceso no es que no merezca, sino que no admite más comentarios, a menos que se quiera descender a los fondos más abisales de la irracionalidad en que se inscribe.

Sí admite toda clase de comentarios, en cambio, otra cuestión que ha llegado a los tribunales, al más alto de todos, por vías no menos inquietantes: el que, debatiéndose su pertinencia a la hora de escribir ésta columna, podría acarrear una condena a Patxi López por haber hablado con Arnaldo Otegui. Que a alguien pueda condenársele penalmente por hablar, aunque sea con el mismísimo diablo y pese a la restrictiva Ley de Partidos, no sólo supone un ultraje a la razón, sino a la mismísima civilidad, que se fundamenta, como todo el mundo debería saber, en el diálogo constante, universal, graneado y permanente. Es más; el intento de atraer a la palabra a quienes se expresan prescindiendo de ella, brutalmente y de forma lesiva para la comunidad, debería ser, en todo caso, premiado, o cuando menos, reconocido, independientemente de su éxito o su fracaso.

Consterna comprobar, una vez más, que cuanto debería ser un automatismo natural en una sociedad avanzada del siglo XXI, todo lo relativo al recto proceder en una democracia, ande rodando, porque lo han echado a rodar quienes no creen en ella, por los tribunales.