MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, aseguró hoy que el Gobierno regional "no va a restringir ningún derecho" con el nuevo decreto que aprobará próximamente para limitar el acceso a la Justicia Gratuita, y afirmó que "cumplirá estrictamente con la Ley proporcionando esa asistencia a quien realmente lo necesita".

"Vamos a cumplir con la obligación legal que tenía la Comunidad de Madrid dando cada vez un mejor servicio, pero, evidentemente, acabando con algo que ya ha puesto de manifiesto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuando ha hablado de fraude monumental en lo que a la asistencia jurídica se refiere", explicó tras participar en una entrega de juguetes reparados por menores infractores de la región.

La resolución jurídica a la que alude Granados desestimaba un recurso contencioso interpuesto por el Colegio de Abogados de Madrid contra el acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita del 28 de noviembre de 2008, que dejaba sin efecto los acuerdos de 19 de junio y 30 de octubre de 2003.

Aquel acuerdo mantenía que la tramitación de los expedientes de extranjería era la que marcaba la Ley, es decir, que había que acreditar la insuficiencia de recursos antes de acceder a la asistencia jurídica gratuita.

RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO
El consejero especificó que el Gobierno autonómico tiene la intención de "pagar la asistencia jurídica gratuita a aquellas personas que acrediten que no tienen ingresos". Se trataría, por tanto, de personas que por no tener renta, "se les va a proporcionar", aseguró, este servicio.

"Los que son solventes, ricos o tienen una renta razonable se tienen que pagar el abogado como todo el mundo. Por lo tanto, restricción de derechos nada, sino racionalización del servicio en lo que espero que nos ayude el Colegio de Abogados que también recibe, por parte de la Comunidad de Madrid, más de cuatro millones de euros todos los años de dinero público para que racionalice y ordene ese servicio", precisó.

Granados indicó que la oposición y "algunos abogados del Colegio están intentando confundir de manera interesada" la asistencia jurídica gratuita con el turno de oficio, algo que consideró "una falsedad tremenda".

En este sentido, dijo que una cosa es que todo el mundo que no tiene abogado tenga derecho a que se le proporcione uno de oficio y otra distinta es que este servicio "tenga que ser gratis y pagado por todos los madrileños".

Granados también apuntó que el servicio del turno de oficio "ya está privatizado", por lo que no se puede acusar al Ejecutivo autonómico de intentar una posible privatización.

"Estos señores que nos acusan de privatizar son abogados privados, no son funcionarios y, por lo tanto, es un servicio que se presta a despachos de abogados y que nosotros tenemos la obligación de racionalizar y destinar el dinero público a aquellos que lo necesitan, que son los que no acreditan ingresos", señaló.

Finalmente, y en cuanto a la deuda que la Comunidad mantiene con el Colegio de Abogados, el consejero recordó que el Consejo de Gobierno aprobó al semana pasada el pago de dos trimestres, el primero y el segundo trimestre de este año, por lo que quedaría pendiente de pago el tercer trimestre del año pasado.