Creo que la CEOE es una de las pocas organizaciones que no nos cuesta un euro a los contribuyentes. Todas las demás, desde la monarquía a los sindicatos, desde las oenegés a los partidos políticos, cuestan una pasta gansa bajo la forma de subvenciones municipales, autonómicas o gubernamentales. Debido a ello mi respeto a esta entidad linda la reverencia, porque en este país cualquier iniciativa de la mal llamada sociedad civil comienza tendiendo la mano a la Administración. Así que si la CEOE está contentísima con que a los empresarios les represente un empresario que está atravesando por un fracaso evidente en la gestión de algunas de sus empresas, con clientes tirados por los aeropuertos y trabajadores reclamando meses de salarios atrasados está en su derecho y nada podemos decir los demás, excepto que el ejemplo puede cundir a otros estamentos e instituciones, de tal manera que se genere algún tipo de confusión en tiempos en que el desconcierto no es de lo que menos abunda.

Podría suceder que siguiendo la senda de la CEOE, las cajas de ahorro pidieran que la confederación fuera presidida por el presidente de Caja Castilla La Mancha, el que requirió ayudas del Banco de España, y una fusión que tenía carácter de transfusión a vida o muerte, o que la Asociación de la Banca Española reclame a Mario Conde como portavoz, o, en fin, que

la Federación Española de Municipios y Provincias destituya a Pedro Castro y ponga en su

lugar al que fue alcalde de Santa Coloma de Gramanet, una vez que haya pagado la fianza, y se suponga que puede asistir a las reuniones. Que conste que no quiero establecer ninguna asociación perversa, y que al actual presidente de la CEOE no se le acusa de ningún delito. Arruinar una empresa, o fracasar, o gestionarla mal no es un delito, aunque a nadie le parece un gran mérito como para representar a los empresarios.