Parece mentira que un hombre como Rodríguez Zapatero, que no sólo va de ético sino que muy probablemente lo sea, no siente la mano con la determinación y la severidad necesarias, en primer lugar, a los chorizos que pululan por su propio partido. De las últimas revelaciones del Fiscal General del Estado, algunas tan sorprendentes como que no cabría responsabilidad penal en los alegres consejeros que llevaron a la bancarrota a la Caja de Castilla-La Mancha, llama particularmente la atención la que alude al "ranking" de los corruptos, esto es, a los políticos imputados en casos de corrupción: hay en ese estadillo repugnante más pájaros del PSOE que del PP, pese al número crecidísimo de éstos.

Hace un par de días, en Barcelona, un millar de personas se manifestaron contra la corrupción, demandando, tan sólo, que España sea un país normal donde la excepción rarísima sea que los políticos roben a los ciudadanos o, lo que viene a ser lo mismo, se enriquezcan a sus expensas. Mil personas sólo, quinientas según la Guardia Urbana. Ahora bien; en otras ciudades, ninguna. Que el fenómeno que socava las ya de por sí frágiles estructuras de nuestra democracia, que amenazan aluminosis por los pésimos materiales que se emplearon en su construcción, y que traslada a la población la idea de que en política se está para pillar y alejarse de la intemperie en la que vive el común de la ciudadanía, convoque en una ciudad de cuatro millones a sólo mil, desvela una resignación bovina ante el tumor que explica, en parte, su avance imparable por el organismo de la nación. Casi trescientos de los políticos actualmente imputados por chorizos pertenecen al PSOE, en cuyo seno hicieron carrera hasta conseguir asomar la gaita en cargos de la Administración, de modo que el gobierno del PSOE, y señaladamente su máximo responsable, tiene la obligación, bien que no demandada por una masiva manifestación popular, de purgar a los de su casa antes de emprender la ya inaplazable tarea de combatir de veras la corrupción que asola el país que gobierna. No se trata de un asunto estrictamente judicial, cual se arguye para justificar la inacción, sino, para España, un asunto de pura supervivencia como nación medianamente civilizada.