Un tipo aparca el coche en una calle, pongamos de Madrid, y saca un ticket de cuarenta céntimos, suponiendo que la gestión que va a llevar a cabo no le va a consumir demasiado tiempo. Pero hay una larga fila en el banco o la persona que le debe atender está ocupada y se retrasa media hora en ir a retirar el coche aparcado, con lo que deja de pagar un euro y veinte céntimos. El guardia, al comprobar que ha sobrepasado el tiempo, y que no ha pagado un euro con veinte céntimos, puede llamar a la grúa, causar un atasco monumental en la calle, mientras cargan el vehículo, y llevárselo. Es decir, que por dejar de abonar un euro y veinte céntimos, se le embarga de manera brutal un bien que puede valer entre 10.000 y 30.000 euros. Esta barbaridad es una de las que ayer se discutieron en el Congreso de los Diputados y que afecta a la Ley Terrorífica de Tráfico que se nos viene encima y semejante monstruosidad jurídica fue defendida por diputados que, al parecer, no padecen lesiones mentales, cosa que me parece improbable.

Si se aplicara la misma doctrina al resto de actividades, dejar de pagar un recibo de alquiler supondría el desalojo inmediato de la vivienda durante una semana, con un guardia en la puerta que impidiera entrar a los inquilinos a recoger sus objetos personales. Y no abonar el recibo de la luz tendría que llevar consigo la entrada en el domicilio, el embargo del contador y dejar al mal pagador sin luz, durante un mes, teniendo que abonar los gastos de extracción y reposición del contador.

Más que de una inflexibilidad extremada rayana en la intransigencia estas mostrencas rigideces entran en el campo de la estupidez. Esperemos que el Colegio de Abogados o parte de la pastueña sociedad civil se rebele ante una melonada que, en su desorbitada pretensión, podrá entrar a formar parte de la antología de los delirios reglamentistas, porque el sentido común se ha ausentado del Congreso.