MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Las diferencias entre los vocales de la Comisión de Estudios del CGPJ obligaron este jueves a cambiar al ponente designado inicialmente para elaborar el informe que este órgano debe realizar sobre el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces informaron a Europa Press de que tres de los cinco vocales de esta Comisión rechazaron el informe del ponente inicial, el vocal propuesto por el PP Claro José Fernández, en el que se apuntaba que diferentes aspectos de la ley presentaban "problemas de encaje constitucional".

Según esta ponencia, los plazos señalados en la ley para poder abortar y la no obligación de que las menores de 16 años informen a sus padres si se someten a una interrupción voluntaria del embarazo son aspectos que podrían presentar problemas de constitucionalidad. Frente a este diagnóstico votaron en contra tres de los vocales: Margarita Uría, designada a propuesta del PNV, y los vocales designados a propuesta del PSOE Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez.

Según las mismas fuentes, algunos de estos vocales plantearon que los aspectos de la ley criticados en la ponencia eran "perfectamente constitucionales" mientras que otro cuestionó incluso que el informe preceptivo que el CGPJ debe presentar sobre esta ley pueda entrar en cuestiones que únicamente corresponde determinar al Tribunal Constitucional.

Únicamente votaron a favor de la ponencia el propio Fernández y la vocal igualmente designada a propuesta del PP Concepción Espejel, lo que obligó a la retirada de este documento y la designación de un nuevo ponente, que en este caso será Margarita Uría y que deberá elaborar un nuevo informe.

El Pleno de este órgano acordó el pasado día 25 pedir al Gobierno ampliar en un mes el plazo disponible para analizar el proyecto de esta ley. Previamente, el día 2 de junio, la Comisión Permanente del organismo ya había pedido al Ministerio de Justicia una prórroga de 15 días para disponer de más tiempo a la hora de elaborar su informe, un dictamen preceptivo y no vinculante sobre el anteproyecto, para el que disponían de un plazo inicial de un mes.

La petición se produjo porque los vocales estimaran que no tendían suficiente tiempo para elaborar el dictamen encargado por el Gobierno.

El texto sobre la modificación de los supuestos legales para la interrupción voluntaria del embarazo entró en el órgano de gobierno de los jueces el pasado 25 de mayo, por lo que el dictamen debiera estar listo para el 25 de junio. Tras las dos semanas de ampliación solicitadas ya al Ministerio de Justicia, el límite quedaría fijado en la primera quincena de julio, pero el Consejo cree que para ultimar su dictamen precisará de más tiempo. Así, y según informaron fuentes de este organismo, el dictamen se aprobará probablemente en el pleno del próximo 23 de julio.

La norma prevé inicialmente que la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, explicó con ocasión de la presentación del Anteproyecto que, de manera excepcional y hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.