BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
El PP votó hoy parte de una moción de CiU enmendada por el tripartito que establece que el acuerdo de financiación debe respetar "íntegramente los preceptos y criterios del Estatut", aunque luego admitió que debieron abstenerse.

CiU presentó una moción en el Parlament sobre el estado de las finanzas de la Generalitat, en la que incluyó una parte dedicada a la financiación, que fue enmendada por el tripartito. La federación aceptó la enmienda, que se remite a la resolución aprobada en el Debate de Política General aprobada por el tripartito y CiU, pero no por el PP.

Concretamente, lo aprobado hoy por todos los grupos menos el Mixto se refiere al primer punto de esa resolución, que establece que aprobar el nuevo modelo de financiación es una obligación legal que establece el Estatut, y remarca que el acuerdo debe respetar el texto.

Pero además, la enmienda del tripartito aprobada hoy apoya al Govern en la negociación para lograr un buen acuerdo que permita a la Generalitat disponer de un sistema "justo".

Este acuerdo debe producirse en el marco de bilateralidad de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, y el modelo debe entrar en vigor en 2009, pudiéndose aplicar gradualmente y con un sistema de actualización y revisión. Todo este texto fue aprobado por todos los grupos menos el Mixto, aunque fuentes del PP indicaron después que se habían equivocado y que se hubieran abstenido.

Lo que proponía CiU sobre financiación en un inicio fue rechazado por el tripartito, y aquí el PP sí se abstuvo. La federación instaba al Govern a rechazar un acuerdo que no comporte reducir el déficit fiscal de Cataluña con el Estado.

El texto de la federación también exigía un modelo que incluya el rendimiento completo de la cesta de todos los tributos estatales cedidos, y permita la efectiva vinculación entre la financiación de las prestaciones de los servicios básicos del Estado del bienestar y el esfuerzo fiscal de Cataluña.

Tampoco se aprobó el resto de la moción de CiU, que tuvo el apoyo de PP y C"s, y que reclamaba reducir hasta 200 altos cargos de la Generalitat y el 20 por ciento del personal eventual, además de una contención del gasto corriente por un importe mínimo de 800 millones de euros.

La iniciativa también pedía una auditoría funcional de la estructura del Govern, para suprimir unidades directivas innecesarias, como la Secretaría de Relaciones Institucionales y Participación.

La federación pretendía también que el Govern compareciera trimestralmente para informar sobre la evolución de los ingresos y gastos, el déficit de la Generalitat y la evolución de la deuda, así como sobre las modificaciones de crédito producidas en el Presupuesto de la Generalitat y los compromisos de gastos con cargo a cuentas futuras.