Mal puede querer erradicar el Estado un consumo que le reporta, vía impuestos, sumas fabulosas. El del tabaco. De ahí, de ese imposible, nació la infame y farisea Ley Anti-Tabaco que, sobre ser absolutamente ineficaz en el mejoramiento de la salud pública, criminalizó de tal modo (como sólo puede hacerlo una ley) a los fumadores, que ha consagrado el abuso, el atropello y la vejación como norma, también "legal", de dirigirse el Estado a ellos. Ese maltrato masivo y constante, que se sustancia ordinariamente en la persecución que sufren por disfrutar/padecer un hábito que el propio Estado tanto contribuyó a que adquirieran, toma carácter de ensañamiento en el control sobre el precio de las labores, que el Erario infla cuando y cuanto le viene en gana con su mordida, o llámesele, si se prefiere, impuestos. Al enganchado, al yonqui de la nicotina y del humo voluptuoso, que lo son casi todos los que fuman, se le sangra sin misericordia aprovechando su dependencia, su extrema fidelidad a la droga que consume y cuta fabricación y venta era hasta hace nada, por lo demás, monopolio del Estado precisamente.

Pero la sordidez del trato que el Estado o el gobierno (en España son la misma cosa) dispensa al fumador, ha alcanzado proporciones delirantes no ya con las recientes y brutales subidas del tabaco, sino con una de esas subidas en concreto, la que ha afectado a la picadura o tabaco de liar, labor que, como se sabe, no sólo consumen desde antiguo los ciudadanos de pocos posibles, sino que con esto de la crisis se había convertido en una modalidad-refugio del fumeque por su menor coste, y muchos consumidores de cigarrillos se habían pasado al arte de liar. Pues bien; el Estado ha dispuesto, de consuno con las tabaqueras, subir entre un 60 y un 90 por ciento el precio de ese tabaco de los pobres y de los empobrecidos. El gobierno, por lo visto, necesita dinero para inyectarlo en sitios como la Caja de Castilla-La Mancha, esa cueva de Alí Babá, y lo saca así, lógicamente, de esa vil y cobarde manera.