Los trabajadores de la central nuclear de Garoña y las fuerzas vivas de los municipios de su entorno se han movilizado contra su clausura, si es que finalmente el gobierno cumple su promesa electoral de ir cerrando las centrales nucleares según vayan llegando a la edad de jubilación. Desde luego, se comprende que quienes viven directa e indirectamente de esa peligrosa industria se opongan a su cierre, como también se comprende el cumplimiento del contrato electoral del gobierno, pero ya que se comprenden los extremos de esa contradicción, y la contradicción misma, no debería ser imposible el hallazgo de una solución satisfactoria para la mayoría, representada por los once millones de votos que avalaron el cierre paulatino de las viejas nucleares, y para la minoría, representada por los que viven de ellas, pero que son, a su vez, los que más riesgo corren por vivir y trabajar cabe esas vetustas instalaciones. Ahora bien; esa solución habría de pasar, para solucionar de veras, no sólo por un replanteamiento del tipo de generación de energía eléctrica, por la reubicación laboral activa de los trabajadores y por alternativas para la supervivencia económica de los pueblos aledaños que hoy reciben grandes sumas por ser tan aledaños, sino, fundamentalmente, por una firme voluntad política de ahorro energético, de suerte que las nucleares no sólo se cerraran por peligrosas, insostenibles y viejas, sino por absolutamente innecesarias.

Garoña necesitaría, según los expertos, mejoras por valor de unos cincuenta millones de euros para seguir funcionando con alguna garantía, luego no puede, en puridad, seguir funcionando. Ni puede, ni lo desea la mayoría, pero ésta debería, además de desear, exigir al gobierno un drástico giro psicológico y político para emprender sin dilación una gran cruzada de ahorro energético, pues es en el derroche en que estamos instalados, en la suicida compulsión del consumo, donde radica el peor de los peligros.