Invocando el sacrosanto concepto de la seguridad y de la razón de Estado, se han silenciado rápidamente los ecos de la información aportada por José Blanco, durante la campaña, sobre el onerosísimo coste del ex presidente Aznar, coste que todos los españoles contribuyen a satisfacer de sus bolsillos pese a ignorar hasta ayer, la mayoría de ellos, su monto disparatado. Porque se conocía el coste que el señor Aznar había tenido en lo político y en lo social para la nación mientras fue presidente, pero no que tras abandonar la función pública el coste económico del mismo siguiera siendo igualmente descomunal, y sin que para justificarlo mediara el refrendo del voto de unos cuantos millones de electores.

El señor Aznar se había convertido en un particular entregado a sus negocios particulares, algunos tan jugosos como de difícil encaje con la condición institucional de ex presidente, de modo que se suponía que, más allá de los privilegios consustanciales a ésta comunmente admitidos, el hombre se apañaba con un par de escoltas a cuenta del Erario para su seguridad. Sin embargo, la mayoría de los españoles, la que se ha enterado ahora de chiripa, acaba de descubrir que tiene a su servicio unos cincuenta, lo que arroja un gasto para la comunidad a la que ya no sirve, ni siquiera mal como la sirvió cuando la servía, de cientos de miles de euros anuales, una cantidad que para sí quisieran las familias españolas cuyos miembros, todos, se hallan en el paro.

La posibilidad de que su antecesor en la presidencia, Felipe González, nos cueste lo mismo, lejos de justificar el dispendio, lo agravaría y reforzaría la necesidad urgente de revisar esas prácticas que contravienen, si no los reglamentos que los políticos se inventan para su beneficio corporativo, sí los principios más elementales de la equidad y del decoro.