Ya que, al parecer, no vamos a diñarla en masa por la gripe común, bien que excepcional para los laboratorios farmacéuticos por lo muy rentable que les está siendo, y pues los fiscales, los jueces y las autoridades gubernativas tampoco van a sucumbir a la ferocidad de sus virus, acaso no estaría de más que dichas jerarquías repararan en la conducta de los bancos respecto al mercado inmobiliario de segunda mano, por si ésta fuera, además de sospechosísima, constitutiva de delito.

Como se sabe, algunos bancos, si no la mayoría, sólo conceden créditos inmobiliarios a aquellos que compren sus viviendas, esto es, la gran cantidad de inmuebles que por la morosidad derivada de la crisis ha caído en su poder. ¿Es legal eso? Y, por otra parte, ¿disponen de licencia los bancos para vender pisos más allá de las tradicionales subastas con que se aligeraban de los embargos?

No obstante, y aunque las respuestas a esas dos cuestiones fueran disparatadamente afirmativas, la tercera y principal no podría, de ninguna manera, serlo: La recepción y el disfrute de la descomunal suma de dinero público que el Gobierno ha puesto en sus manos a fin de que concedan créditos a la gente para la adquisición de viviendas, ¿se compagina con el uso torticero y sectario que le están dando? Porque, además, no sólo se constituyen en agencias inmobiliarias, sino que rematan a los particulares afectados por la crisis que, muertos ya por la falta de crédito y de aplazamientos de sus deudas, se ven obligados a vender sus inmuebles no ya por debajo del absurdo precio que los propios bancos se inventaron que tenían con sus tasaciones delirantes, sino muy por debajo también del valor real y razonable de sus viviendas.

Ya que estamos vivos, y que ésta última pandemia universal no se nos va a llevar a todos por delante, a ver si conseguimos que el abuso y la codicia del poder, del verdadero poder, no nos enferme irremediablemente.