Ya es grave que los bancos estén en manos de los banqueros, pero que estén en las de los políticos sólo puede tener consecuencias funestas, o, cuando menos, de los políticos españoles. Ahí está el caso de la Caja de Castilla-La Mancha, recién intervenida por el Banco de España, cuyo presidente, el socialista Hernández Moltó, fustigaba sin piedad hace quince años al responsable de la entidad estatal, el ya fallecido Mariano Rubio, por sospecharse que éste no se había conducido en el cargo como dios manda. Pero ahora el círculo se cierra, y es el propio Hernández Moltó con sus cuadrilla de consejeros que coleccionan cargos, sillones y dietas, el sospechoso.

La Caja de Castilla-La Mancha venía siendo, al parecer, la Caja de quienes la gobiernan, o, más exactamente, un banco en manos del partido que actualmente usufructa el poder en esa Comunidad, una de las más pobres, como se sabe, de España. No quiere esto decir, salvo que algún tribunal diga en el futuro lo contrario, que los directivos de la Caja metían la mano en ella, ni que con sus fondos se beneficiara directamente al partido, sino que, impelidos por el sectarismo, ese elemento tan característico y tan tóxico de la política española, eran pródigos en créditos, por lo visto, con los empresarios afectos o afines, con los del ladrillo particularmente, de modo que cuando la burbuja hizo ¡pum!, y la economía hizo ¡crash!, y los inmobiliarios dejaron de devolver los créditos, y la CCM quiso fusionarse con Ibercaja, y ésta escrutó sus cuentas, sus activos y su valor verdadero, y se ha visto la verdad, al gobierno no le ha quedado más remedio que intervenir, asegurando a los ahorradores que le quedan a la Caja, pues muchos se han dado a la estampida con sus fondos, que hoy su dinero está, con el aval del Estado, más seguro que nunca. Más que con Hernández Moltó y sus consejeros, desde luego; de eso no cabe la menor duda.