Las preferencias de la víctima de un robo se relacionan de la siguiente manera en orden de prioridad descendente: que no le hubieran robado, que le devuelvan lo robado y que el autor del robo reciba la punición correspondiente a su delito. La primera, ya imposible de satisfacer pues le han robado, acaso hubiera podido evitarse mediante la prevención, de cuyo fracaso bien pudiera repartirse la responsabilidad entre las autoridades, la fatalidad y, obviamente, la astucia del ladrón. La segunda, consumado el robo, restituye el bien robado, y, salvo el susto, el disgusto y el mal regusto, aquí paz y después gloria. La tercera sólo satisface simbólicamente al orden social, pero en modo alguno a la víctima, que es a la que han robado.

Pues bien; cuando los alcaldes y los políticos corruptos españoles, que son legión al parecer, roban los bienes no ya de un particular, sino los de todos, nos encontramos con que, de una parte, parecen no haber existido mecanismos institucionales de control ningunos que pudieran haber evitado sus exacciones, pues nos robaron cuándo, cuánto y como les dio la gana, y de otra, que muy rara vez se devuelve a la gente los bienes que le robaron: hospitales, colegios, carreteras, guarderías, jardines, bibliotecas, residencias de ancianos, depuradoras, parques de bomberos y todo cuanto, siendo tan necesario, debería haberse edificado donde la banda compuesta por corruptores y corrompidos han levantado bloques de cemento, parques temáticos o edificios "emblemáticos" absurdos, postes eólicos que no vierten a la red energía ninguna y demás monstruosidades para amasar botines fabulosos.

Es admirable, a la par que insólito en un país habituado al saqueo impune de las arcas públicas, la recientes actuaciones de las fiscalías contra los políticos depredadores, pero eso sólo satisface el orden simbólico de la Justicia. Antes de esto, no hubo nada ni nadie que les impidiera, o les estorbara un poco al menos, robarnos.