El año empieza con una noticia esperanzadora en relación con el sumergido mundo del acoso escolar. Me refiero a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha condenado a un colegio (Liceo Suizo) a indemnizar con 30.000 euros a un alumno (menor de edad) que había sufrido acoso por parte de alguno de sus compañeros de clase. Los padres del niño a los que ha dado la razón el tribunal llevaban dos años reclamando justicia para su hijo. Reclamaban algo que, en principio, parece preñado de sentido común: saber si el colegio -el director o los profesores encargados de garantizar la seguridad de los niños que acuden a las clases- tenían alguna responsabilidad por lo ocurrido. En una primera instancia, un juez estimó que no. Ahora, un tribunal superior ha sentenciado que sí.

El padre del niño acosado ha contado el calvario por el que había pasado su hijo. Un sufrimiento que ha durado meses porque el acoso no cejaba y la dirección del colegio miraba para otra parte. Al final, los padres optaron por cambiar de colegio y fue entonces cuando el niño formuló una pregunta para la que ni la ley actual ni la Fiscalía de Menores han encontrado todavía respuesta. "Papá -preguntó el niño-, ¿por qué tengo yo que cambiar de colegio y ellos (los agresores) no". No se puede decir más con menos palabras.

Afortunadamente, la justicia ha hecho suya la razón del débil. Lo tremendo es que el caso se ha convertido en noticia por lo que tiene de raro. Por lo general, en los casos de acoso escolar, lo habitual es que los acosadores se vayan de rositas, el centro escolar se lave las manos y la víctima se vea obligada a cambiar de colegio. Esa era, hasta ahora, la mala costumbre que ha sellado y sumergido en el silencio miles de casos de acoso escolar.