De nuevo, tras la muerte del brigada Luis Conde la Cruz por la explosión de un coche bomba en Santoña, tenemos en nuestra vida política y periodística la liturgia macabra de la condena del terrorismo de la ETA y las menciones al Estado de Derecho, expresión que ya no significa apenas nada después de años de haber sido prostituída precisamente por los que más se han llenado, y se llenan, la boca con ella.

Es verdad que la organización asesina puede estar en mala situación, como es también cierto que para producir un efecto grande hace falta sólo una causa pequeña: un par de personas, algunos explosivos y la clandestinidad. Esto quiere decir que un atentado no significa nada, y que la lucha contra el terrorismo ha de librarse en todos los frentes a la vez: policial, judicial, internacional. Y también político, si no queremos ser ciegos voluntarios.

La lucha política es, por ejemplo, cegar toda posibilidad de presencia de la ETA en la vida pública, con la sola excepción de las secciones de sucesos y de tribunales. Y hacer un poco de memoria no viene mal, para intuir por dónde le pueden venir los apoyos a los asesinos: por ejemplo, habrá que recordar, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuál fue el partido político que fue presa de un ataque de pánico al ver la oleada cívica en toda España contra los terroristas y sus amigos, y se apresuró a firmar con la banda un pacto político en Estella. Y habrá que recordar quiénes han sido los responsables políticos directos de facilitar la última irrupción de la ETA en las instituciones locales y autonómicas navarras y vascas. Y, naturalmente, hecha esta memoria, actuar en consecuencia.

De lo contrario, seguiremos chapoteando en el albañal de una liturgia macabra, y, además, hipócrita.