Dicen que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nada enmascarado referéndum vasco que pretendía Ibarretxe constituye un precedente de lo que el tc vaya a decir en relación con el Estatuto de Cataluña, que lleva más de un año y medio esperando que se resuelvan los recursos planteados contra él.

Estos vaticinios responden a un planteamiento lógico de la situación: El Gobierno autonómico vasco acuerda hacer un referéndum para que el "pueblo vasco" (o sea, los censados en la Comunidad vasca) se manifieste sobre su futuro político. El Gobierno envía el acuerdo al tc, y el tc coincide con el Gobierno: ese acuerdo es inconstitucional por varias razones: porque sólo el Gobierno de España está legitimado para hacer este tipo de consultas; porque la única nación constitucionalmente reconocida es la nación española, y porque, aunque todo lo anterior no valiera, el acuerdo vasco tiene defectos de forma insuperables.

La segunda razón de las mencionadas es la que da pie al tc para elaborar una doctrina general, que, al aplicarse al Estatuto de Cataluña, se cargará necesariamente los pilares políticos e ideológicos que lo sustentan.

Hasta aquí, la lógica, que, de haberse seguido con la sentencia que enjuició la constitucionalidad de la expropiación de Rumasa por Decreto-Ley, habría devuelto automáticamente lo expropiado a sus dueños. Pero ocurrió lo contrario. La pregunta es: ¿Hay alguien con argumentos suficientes para poder afirmar que ahora no se repetirá la jugada?