La Consejería de Educación de Castilla y León comunicó, a finales de julio, a muchos padres objetores de la asignatura obligatoria Educación para la Ciudadanía (epc) que debían aportar una serie de documentos para que la ausencia de sus hijos de esa clase no tuviera consecuencias desagradables. Entre otros papeles, pidió documentación acreditativa de que, en efecto, son los padres de esos niños.

Asimismo, les dio un plazo de pocas semanas para presentar la documentación en los colegios respectivos, o sea, en agosto, que es cuando los colegios están cerrados. No sé cómo acabará este asunto, pero lo que empezó siendo cómico -las autoridades respondían a la comunicación de las objeciones denegándolas, como si se les estuviera pidiendo permiso para objetar-, está derivando claramente hacia lo patético, y de ahí a lo indignante media un papel de fumar.

Por otra parte, justo en julio, la dirigente terrorista Elena Beloki, que estaba en prisión provisional incondicional, salió de la cárcel bajo fianza con la autorización de la Audiencia Nacional porque dijo que quería someterse, a sus 47 años, a una inseminación artificial, y los magistrados hicieron caso a un informe médico que opinaba que para una intervención de esta naturaleza hace falta que la paciente esté en condiciones psicológicas adecuadas, entre las cuales "no se encuentra" la privación de libertad. El escándalo previsible por semejante disparate ha quedado amortiguado por la llegada de agosto, como era de prever.

Durante el franquismo era tradicional que las reformas educativas y fiscales se hicieran en verano, que era cuando la atención pública estaba distraída por las calores y las vacaciones. Estos gobernantes han recogido la tradición del general, y con más razón, porque el dictador no tenía ninguna necesidad de caerle bien a la gente, pero para éstos la ocultación de sus desmanes es cuestión de vida o muerte, pues estar en el poder o en la oposición es igual que ser o no ser.