| El PSOE dice que el TUE da una 'bofetada' al PP al sentenciar que obras como las de la M-30 deben someterse a evaluación de impacto |
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Redacción / EP
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, manifestó hoy que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dio "una nueva bofetada" al PP al sentenciar que la legislación comunitaria exige que las obras en vías urbanas, como la M-30, se sometan a una evaluación de impacto ambiental previa.
"La sentencia pone de manifiesto que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón ha hecho las cosas muy mal", afirmó Lucas en declaraciones a Europa Press tras recordar que tanto el PSOE como grupos ecologistas denunciaron que una obra como la del soterramiento de una autopista necesita un informe de impacto ambiental "porque no es una calle , como siempre ha dicho el alcalde".
Para Lucas, la sentencia es "trascendental" al marcar una referencia de cómo se tendrán que realizar las obras en la ciudad en el futuro como con el cierre norte de la M-30 o en otros trabajos de especial relevancia, puso de ejemplo.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid destacó que la sentencia del TUE "pone de manifiesto lo mal que el PP gestiona el medio ambiente" y destacó en este sentido todo lo ocurrido en la conocida como "Carretera de los pantanos". "Los tribunales europeos dan nuevamente una bofetada al PP por su falta de interés y de voluntad en la protección ambiental", concluyó.
No obstante, el TUE señaló hoy que corresponde al juzgado de lo contencioso administrativo número 22 de Madrid, que fue quien consultó al Tribunal de Luxemburgo, determinar si en el caso concreto de la M-30 se ha vulnerado la normativa de la Unión Europea.
La Comisión Europea abrió en 2006 un expediente sancionador contra España por las obras de soterramiento de la M-30 al considerar que vulneraban la legislación medioambiental comunitaria. El expediente se encuentra paralizado gracias al acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo comunitario y el Ayuntamiento de la capital para realizar una evaluación de impacto "a posteriori". Bruselas considera que Madrid está respetando este acuerdo aunque con algunos retrasos en los plazos.
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