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Etiquetas:   Las plumas y los tinteros   -   Sección:   Opinión

Este proyecto de Estatuto (II)

Daniel Tercero García
Daniel Tercero
martes, 18 de octubre de 2005, 22:31 h (CET)
“El preámbulo de la reforma estatutaria, como todas las grandes declaraciones previas a una constitución, es un fluido que identifica, recorre, preserva y mueve el cuerpo institucional que se ha alumbrado. Es una formulación de identidad frustrada, además de la descripción de un territorio idílico cuyas penalidades sólo resultan del exterior.” Esto lo escribió el pasado martes –justo hace hoy una semana- Ferran Gallego en Abc (Una Cataluña imaginaria, 11/10/2005). Pero no sólo el preámbulo es, como se dice en el argot coloquial, infumable. Hay más, mucho más.

En algunos casos el articulado del proyecto de Estatuto no haría nada más que confirmar la situación inconstitucional que se da en sectores concretos. Este es el caso del problema lingüístico que existe en Cataluña y que el proyecto de nuevo texto legalizaría. El artículo 6 –siempre del nuevo proyecto- recoge la afirmación de que el catalán es la lengua propia de Cataluña, y además debe ser la lengua preferente en los medios de comunicación y las Administraciones Públicas. A esto cabe sumar que el etiquetado de los productos que se vendan en Cataluña, sean de la procedencia que sean, deben incluir el catalán. Más, las instituciones públicas tienen el derecho a dirigirse en catalán a cualquier institución del Estado que no esté en Cataluña. Y, por si todo esto no fuera suficiente, la enseñanza universitaria se realizará exclusivamente en catalán. Todo en su conjunto es un despropósito monumental que choca de frente con el artículo tres de la Constitución española (CE) que dice que el español es la lengua oficial de todo el Estado y los ciudadanos tienen el derecho a usarla. Pero no nos engañemos, la situación lingüística en Cataluña en los centros educativos está totalmente fuera de la ley. En primaria todas las horas educativas son en catalán; en secundaria apenas se imparten clases en castellano, donde tan sólo los profesores heroicos se atreven a disentir de las circulares internas del departamento de Educación de la Generalidad que recuerdan cada inicio de curso que la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán. Y, en la universidad, con este nuevo Estatuto, no sólo se traspasaría la línea de la CE en materia de lengua sino que se suprimiría la libertad de cátedra, que lógicamente va acompañado de la libertad de uso de lengua –oficial- en las aulas.

En materia de inmigración el despropósito del nuevo proyecto estatutario, si cabe, es mayor. En éste la Generalidad se reservaría la concesión de los permisos de trabajo a los inmigrantes y establecería los cupos de residencia en Cataluña con el Estado, bilateralmente. ¿Es posible que en el siglo XXI, donde cada vez existen menos fronteras –al menos en Occidente-, se pretenda poner coto a la inmigración levantando fronteras interiores en un mismo país? Pasaría entonces, si este artículo lo aprobase el Congreso de los Diputados, que los inmigrantes con residencia y regulados en Cataluña no podrían desplazarse al resto de España y ocurría lo mismo con los inmigrantes llegados al resto del país, que serían considerados inmigrantes ilegales en Cataluña. ¡Menudo disparate!

Pero es que hay más todavía. El artículo 95 del nuevo Estatuto otorgaría al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la máxima autoridad judicial en todos los ámbitos superando, de esta manera, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) –y la propia CE- que establece que la administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado. Y el artículo 109 lo aclara, por si hubiese dudas, y deja escrito que la Generalidad asumirá las facultades que la LOPJ concede al Gobierno.

Pero los despropósitos no acaban aquí, aunque parezca mentira. En materia de infraestructuras, donde una visión lo más amplia posible –como ocurre con el tema de la inmigración- parece obvio que sea más efectiva que no dividir el campo de actuación y así operar con más racionalidad, la Generalidad asumiría las competencias exclusivas de puertos, carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras que afectasen a Cataluña. De esta manera el Estado no podría decidir sobre la construcción de carreteras, pongamos por caso, entre Gerona y Teruel –tan necesitadas- o en la realización de, por ejemplo, los trasvases de agua –tema muy reciente-. Rompiendo así la unidad territorial –¡aquí se ve bien claro!- del Estado.

Este proyecto de Estatuto si se aprobase convertiría a Cataluña en un Estado en la práctica, en el día a día. Además, la Generalidad tendría capacidad de bloqueo en acciones y medidas estatales aun incluso que no tuviesen efectos sobre Cataluña o los ciudadanos de Cataluña. Es, por lo tanto, una locura de texto que no tiene pies ni cabeza. No sólo no respeta la legalidad constituida sino que exige que el resto de españoles se la salten. Y, no lo olvidemos, no sería un Estatuto de Cataluña, sería un Estatuto de los separatistas catalanes.

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