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Etiquetas:   El espectador   -   Sección:   Opinión

No cuela

Jorge Hernández

miércoles, 12 de octubre de 2005, 07:10 h (CET)
El presidente Maragall insistia hace unos díasr en el carácter federal del puñetero Estatuto, pero no es así, porque el federalismo implica siempre igualdad entre las partes y no asimetría. Este Estatuto eleva a Cataluña a la categoría de Estado asociado a España por la vía de los hechos, ya que dota a las instituciones catalanas de casi todos los atributos de una nación configurada en Estado. Hubo euforia, abrazos, aplausos en el Parlamento catalán tras la votación que daba luz verde al nuevo Estatuto, aprobado por todos los partidos con excepción del PP. Pero veamoslo:

El nuevo Estatuto contiene 227 artículos y varias decenas de disposiciones adicionales de suerte que, como se ha dicho en más de una ocasión, es una verdadera Constitución, con una exhaustiva enumeración de los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes.

Al Congreso de los Diputados le toca ahora podar este texto, plagado de artículos inconstitucionales, que modifica unilateralmente una decena de leyes orgánicas y con una filosofía intervencionista que pretende regular hasta los aspectos más íntimos de la vida de los ciudadanos. He aquí algunos de los capítulos en los que el Estatuto vulnera más claramente la
Constitución:
El Estatut define en su artículo 1 a Cataluña como «una nación», lo cual choca frontalmente con la Constitución, cuyo artículo 2 dice expresamente que sólo hay una «nación española», integrada por nacionalidades y regiones.
A continuación, fundamenta su legitimidad en unos pretendidos derechos históricos, que sustentan un «proceso de construcción nacional». El preámbulo establece que España es un «Estado plurinacional», aunque se elimina la referencia al Estado federal. Maragall precisó que el Estatuto se basa en una concepción federal de España, aunque «no haya sido conveniente decirlo».

El Estatut enumera una larga serie de competencias exclusivas de la Generalitat, en las que prevalece siempre la legislación del Parlamento catalán sobre la del Estado (artículo 110). La agricultura, el agua, la justicia, el derecho civil, la educación, la inmigración, el deporte y otras muchas áreas son definidas como competencias «exclusivas» y «excluyentes».El artículo 176 dice que Cataluña no queda vinculada por los acuerdos entre el Gobierno y el resto de las comunidades. El blindaje de competencias y derechos es abiertamente inconstitucional, ya que una ley se deroga por otra de rango similar. Sólo el Congreso es soberano para determinar la lista de competencias que cede a las autonomías y para cambiar las leyes.

El Estatut se decanta por un sistema de concierto, muy similar al vasco.
Cataluña recaudará y gestionará todos sus impuestos. Se crea una agencia tributaria propia. El Parlamento catalán tendrá plena capacidad normativa.
La comunidad pagará una cuota de retorno para compensar al Estado de los servicios que presta en Cataluña y otra cuota de solidaridad. El sistema de concierto es inconstitucional, ya que la Carta Magna lo limita expresamente al País Vasco y Navarra. Pero además es insolidario, ya que, de aplicarse este modelo, Cataluña pagaría unos 6.000 millones de euros menos al Estado.
Maragall afirmó que Cataluña «ha agotado su margen de generosidad con las Españas», anticipando que su contribución a las arcas del Estado va a reducirse de forma muy iportante.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que la administración de Justicia es una competencia del Estado. Cataluña se arroga esta prerrogativa en el título III del Estatuto, de suerte que el artículo
95 considera al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como la máxima instancia judicial en todos los ámbitos. El artículo 97 establece que el órgano de gobierno del poder judicial es el Consell de Justicia, con unas funciones que se solapan con las del CGPJ. Por si quedara alguna duda, el artículo 109 dice que la Generalitat «asume en Cataluña todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial» concede al Gobierno.

El Estatuto dice en su artículo 6 que la «lengua propia de Cataluña es el catalán». Añade que debe ser una lengua «preferente» en los medios de comunicación y las Administraciones Públicas.Todos los funcionarios han de saber catalán y, especiamente, los funcionarios de Justicia, a los que el artículo 33 obliga a acreditar sus conocimientos. El etiquetado de todos los artículos debe incluir el catalán. Las entidades públicas catalanas se pueden dirigir en este idioma a las instituciones del Estado fuera de Cataluña. La enseñanza universitaria ha de ser en catalán.Todo ello va en contra de la Constitución, cuyo artículo 3 dice que «el castellano es la lengua oficial del Estado» y que todos los ciudadanos tienen «el derecho» de usarla.

Maragall insistió e insiste en el carácter federal del Estatuto, pero ello no es así porque el federalismo implica siempre igualdad entre las partes y no asimetría. Lo que hace este Estatuto es elevar a Cataluña a la categoría de Estado asociado a España por la vía de los hechos, ya que dota a las instituciones catalanas de casi todos los atributos de una nación configurada en Estado.Y Carod-Rovira fue muy claro cuando con toda su jeta dijo que es sólo «un paso» hacia el Estado catalán. Ese es el problema y la razón por la que el Congreso no puede asumir este texto sin modificaciones tan sustanciales como para desnaturalizarlo por completo. ¡Que no cuela malandrines, que no cuela!

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