El PP quiere que el Tribunal de Cuentas realice un informe de fiscalización sobre la acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 para determinar qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a estas políticas, entre las que se incluyen las distintas 'embajadas' y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó la semana pasada bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución.

Los 'populares' defenderán esta iniciativa el próximo miércoles en la reunión que tiene convocada la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En su texto, recogido por Europa Press, el PP recalca que desde 2012 Cataluña ha sido la comunidad que más ayuda ha recibido a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos. En concreto, cifra esos fondos en 70.709,9 millones, el 30,62% de total destinado al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Y también destaca que, según el propio Tribunal de Cuentas, entre 2001 y 2014, Cataluña copaba la mitad de las delegaciones, sedes u oficinas de representación de las comunidades autónomas en el exterior, y que el coste total de esta actividad ascendió a 79,06 millones de euros.

En 2012, Exteriores impulsó la suscripción de protocolos generales de colaboración entre el ministerio y las autonomías para que las delegaciones autonómicas se integrasen en las delegaciones diplomáticas españolas, con el objetivo de reducir duplicidades y costes, pero Cataluña siguió operando de forma autónoma.

INTERNACIONALIZAR EL 'PROCÉS'
De hecho, el PP asegura que en los últimos años y especialmente este 2017 se ha detectado un incremento del presupuesto en la acción exterior de la Generalitat, que ha coincidido con la intención de internacionalizar "la causa secesionista".

En concreto, apunta la iniciativa, Cataluña llegó a contar con unas setenta oficinas repartidas por todo el mundo, muchas de las cuales fueron cerradas por el Gobierno central en el primer mes de aplicación del artículo 155.

Para los 'populares' resulta "más que justificado" que, ante la situación de apoyo financiero prestado por el Estado para poder garantizar la prestación de servicios públicos básicos y "ante la situación de escasez de recursos", la comisión mixta del Tribunal de Cuentas pida una fiscalización de los fondos destinados a la acción exterior catalana para determinar si se han utilizado "conforme a los principios de economía, eficacia y eficiencia".