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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

El mal llamado Estatuto de los Periodistas

Sergio González García

viernes, 7 de octubre de 2005, 02:20 h (CET)
La puesta en escena de los derechos de los periodistas ha sido la tónica comunicativa en los últimos meses. Si ya fuera, por entonces, la convocatoria de algunos expertos periodistas la que levantara las principales suspicacias, como la aportada por el ex director del ilegalizado Egunkaria, Marcelo Otamendi, ahora, por el contrario, es la fuerte discrepancia aparecida entre las asociaciones de comunicadores.

Desde la Asociación de la Prensa de Madrid, su Secretario General y miembro del Comité de Sabios convocado para la reforma de RTVE, Fernando González Urbaneja, apunta a la existencia de más de veinticinco mil titulados en periodismo que ejercen su profesión, con más de seis mil alumnos que se licencian cada año de entre unos treinta y tres mil que cursan estudios universitarios en las diversas facultades de comunicación en todo el estado. Pero, no es oro todo lo que reluce, ya que si bien, son muchos los titulados al año, es de recibo admitir que muchos otros no tienen puestos de trabajo asegurados por la gran cantidad de “intrusos” que convierten la grata profesión periodística en una mera falsificación en el uso de las fuentes y la profusión de contenidos escasamente culturales.

Dentro de los sindicatos que se encuentran en el mundo de la comunicación ha surgido una cierta desunión final, que en un primer momento no se apreciaba. El Foro de Organizaciones Periodísticas, una agrupación que reúne a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Colegio de Periodistas de Cataluña y Galicia, y hasta hace pocos meses la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), encabezada por el propio Urbaneja. En 1998, se llevó a cabo la I Convención del Foro, en la que se establecieron los preceptos para conseguir del mundo político el compromiso de crear un estatuto de periodistas que regulara la profesión en visos de una mejor salida laboral para los licenciados y una ´depuración´ del sector. En 2002, Rafael Díaz Arias, profesor de Derecho de la Comunicación fue el encargado de redactar un proyecto apoyado por todos los partidos políticos a excepción del Partido Popular, que consideraba a la autorregulación colegial como la mejor fórmula para el beneficio exclusivo del periodismo. Hoy en día, la labor de presentación del proyecto recae en la diputada de Izquierda Verde, Isaura Navarro, quien defiende este proyecto, ya que según sus palabras, “la derecha se opone a que la profesión este regulada, de tal modo que los periodistas puedan ejercer libremente”.

Pero, la ruptura se produjo en el seno interno de las dos principales organizaciones, la FAPE y la FeSP, ya que la primera ha criticado el Estatuto del Periodista Profesional, al que considera una “aberración”, rechazando tanto la existencia de planteamientos deontológicos en una ley positiva y la aparición del Consejo Estatal de Información. En su lugar ha presentado una propuesta alternativa que tiene como única misión regular el secreto profesional y la cláusula de conciencia, dejando a los periodistas al margen de la coyuntura política. Por la otra parte, la Federación de Sindicatos de Periodistas considera que la primera de ellas se opone a la creación del carné de periodista porque restaría poder a las asociaciones, defendiendo, así pues, una postura que busque acabar con la mala calidad de los contenidos informativos, la manipulación informativa en los medios de comunicación públicos y el desprestigio que tienen actualmente los periodistas.

Las principales medidas que incluye este Estatuto de los Periodistas son, la definición del periodista, que determina como “figura que tenga como misión la obtención, tratamiento y difusión de actualidad”, la creación de un Consejo Estatal de Información, que estará compuesto por ocho periodistas, cuatro representantes empresariales, cuatro sindicalistas y miembros de asociaciones de telespectadores y radioyentes y dos prestigiosos juristas, que una vez elegidos por el Congreso y Senado, conformarán la Comisión Deontológico, de estudios y de acreditaciones. La expedición del carné de licenciado en periodismo que debe conceder el Consejo Estatal de Información o los autonómicos va a ser otra de las aportaciones recogidas por el propio estatuto, que unido al código deontológico servirá para distinguir el buen periodismo capacitado para distinguir la noticia de la opinión, del malo, que será mucho más burdo, y con poca discriminación entre lo informativo y lo personal. Por último, será de obligado cumplimiento la creación de un comité de redacción para todas aquellas redacciones con un número superior a ocho integrantes, actuando como cauce de participación en la orientación editorial.

Parece que la trayectoria política de Álvaro Gil-Robles llega a su fin toda vez que ha sido relevado en su puesto de Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa por el político socialdemócrata Thomas Hammarberg, que hasta ahora ocupaba el cargo de Presidente del Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas. Tras una reñida votación en la que los tres candidatos al puesto vacante, además del sueco, Marek Nowicki, mediador de la ONU en Kosovo, y el Ministro de Economía belga, Mark Verwilghen, finalmente, en una segunda votación, los ciento cuatro votos de apoyo al primero de los candidatos le dio el triunfo.

De esta manera, este veterano político progresista que comenzó su carrera en la organización Amnistía Internacional, organización que presidió entre finales de los setenta y principios de los ochenta, dirigía desde 2002 el Centro Internacional Olof Palme, en honor al ex Primer Ministro escandinavo asesinado en 1986, creado por el Partido Socialdemócrata sueco y los sindicatos del país nórdico, que tiene como principal cometido la contribución a la cooperación internacional y desarrollo de los países más pobres del mundo.

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