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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Sin acatamiento de las leyes no hay Estado de derecho

“Seamos esclavos de la Ley para que podamos ser libres” Cicerón
Miguel Massanet
domingo, 10 de diciembre de 2017, 11:38 h (CET)
Parece ser que se ha puesto de moda poner en cuestión la vigencia de las leyes, la sujeción de los ciudadanos a sus preceptos; la obligación de las autoridades de exigir y hacer cumplir las normas emanadas de las Cortes de la nación; la necesidad de que las leyes proclamadas dentro de sus competencias por las autonomías, respeten la prioridad de las que emanan de la voluntad de todo el pueblo español en el ejercicio del poder que les atribuye la Constitución a las cámaras legislativas de la nación, en nuestro caso el Parlamento. En todas partes escuchamos a quienes no hacen más que presumir de la democracia que, según ellos, justifica sus acciones, cuando éstas no se ajustan al sistema legislativo vigente en el país o, incluso peor, cuando están en abierta contradicción con el mismo y con los preceptos constitucionales que, en definitiva, son los que les dan a las leyes que emanan de ellos su razón de ser.

Todo el entramado revolucionario que se ha establecido en la comunidad de Cataluña; todos estos partidos formados en torno al objetivo de darle al pueblo catalán unos derechos de los que carecen el resto de los españoles, de atribuirles una virtudes y unas preferencias que nadie sabe de dónde se las sacan o de auto-asignarse, sin seguir los procedimientos correctos fijados en los reglamentos y en las leyes patrias, la facultad de poder incumplir la Constitución, precisamente en aquellos puntos básicos en los que se declara la unidad de los pueblos y los territorios españoles y, todo ello, en virtud de unos derechos democráticos que dicen tener para ello, olvidándose de los derechos del resto de españoles, integrantes de una nación democrática, unánimemente reconocida como tal por el resto del mundo y que ha permitido ejercer las libertades fundamentales a sus ciudadanos que, voluntariamente y sin presión alguna, se otorgaron a sí mismos, por una mayoría absoluta, una Constitución, legalmente avalada por los votos de todos ellos depositados en las urnas, según los métodos legítimos de expresión de la voluntad popular establecidos en toda democracia.

El engaño que encierra toda esta rebelión independentista, provocada por quienes no han dudado en prevaricar, desobedecer, levantarse contra sus superiores, incurrir en secesión y cometer el delito de revolución; con el único fin de intentar separar a una parte de España, Cataluña, para formar con ella una nación independiente, con la pretensión de obligar a abjurar de su españolismo a la mitad de sus pobladores a los que no les reconocen el derecho a querer seguir siendo españoles como si, por ello, sus votos tuvieran más valor que los de éstos. Los procedimientos que han utilizado todos estos traidores se han basado en la tergiversación de la Historia, al engaño y a las falsedades, utilizados masivamente a través de sus cómplices las TV catalanas, Cataluña Radio y la Agencia Catalana de Noticias; la prensa escrita como: Ara, El Punt, La Vanguardia, Público, etc. Toda esta parafernalia ha querido justificarse atribuyéndose un mandato democrático de los catalanes, refiriéndose al simulacro de consulta del 1 de octubre pasado, invalidado por el TC, carente de todas las garantías precisas y con evidencias de haber sido burdamente manipulado. Todos los capitostes del independentismo han pretendido justificarse hablando de la democracia del pueblo catalán, un argumento que no se han cansado de repetir cada vez que, precisamente, lo que estaban haciendo no era más que lo contrario al espíritu democrático que exige la lealtad a las normas que se ha jurado obedecer, en este caso la Constitución española y los poderes derivados de ella, entre los que se encuentran el Gobierno de la nación y las dos cámaras de representación popular.

Tanto Puigdemont, como sus compinches revolucionarios, que le han acompañado en esta loca aventura en Bruselas, como el señor Junqueras el líder de ERC, la fanatizada Marta Rovira o el resto de los encarcelados, como la pareja Rull y Turull, se han valido del engaño la mentira, la calumnia, la desacreditación, la injuria y todos los medios que las malas artes son capaces de proporcionar a quienes intentan conseguir adeptos sin tener argumentos válidos para ello y necesitan utilizar triquiñuelas, martingalas y demás subterfugios para poder alcanzar sus espurios objetivos.

Y lo peor es que, para culminar su deslealtad a España, su traición a los cargos que recibieron, precisamente gracias a las leyes vigentes y su cobardía al no afrontar con entereza sus responsabilidad por los delitos de los que se les acusa en España; no les importó huir para buscar asilo en una nación caracterizada por ser un ejemplo de país con graves problemas internos, con las peores cárceles de toda Europa, refugio de terroristas que luego han actuado en Francia y en otros países de la UE, gracias a problemas como la incapacidad de la policía belga de estar al día en sus investigaciones, junto a la imposibilidad de la policía belga de efectuar detenciones de noche, algo que ha venido favoreciendo a los delincuentes que se han valido de tal ventaja para escabullirse de la Justicia. Puede que, el actual gobierno belga hubiera preferido que esta invasión que les ha llegado desde Cataluña no lo hubiera hecho, pero es evidente que, a los flamencos belgas y a los extremistas les haya servido para arremeter contra España acusándola, haciéndole la pelota a Puigdemont y su cuadrilla de separatistas, de que su Justicia no era de fiar, de que las cárceles españolas están inhabitables y de que lo que pretendía el gobierno español era juzgarles por sus ideas y no por los presuntos delitos cometidos. Les vamos a tener que “agradecer” a la Justicia y a la policía belgas (estos que, en lugar de permanecer pasivos vigilando que no se cometiese vulneración del orden público, han preferido implicarse directamente a favor de los sediciosos, colocando la “estelada” catalana en los mismos coches de las fuerzas del orden). ¡Una vergüenza que debiera ser motivo para que, el gobierno de España presentara una reclamación ante el gobierno belga, por permitir a su policía inclinarse a favor de unos delincuentes a los que España reclamó para ser sometidos a los tribunales!

Es incomprensible que un país de la UE permita que, unos fugitivos de la Justicia española, utilicen su territorio, su impunidad y la condescendencia de sus autoridades para que, parte de los insultos y absurdas acusaciones que el señor Puigdemont, furioso porque la aplicación del Artº 155 de la Constitución, acabó de un plumazo con sus planes independentistas, no ha dejado de intentar, ante los periodistas que le escuchaban, desprestigiar al Gobierno, a la democracia y las leyes españolas. Es sabido la reticencia de sus tribunales a la extradición de los supuestos delincuentes que se refugian en su país y la serie de recursos que, contra la orden de extradición, se pueden presentar por los afectados y, como ha ocurrido en este caso, la pléyade de abogados especializados en estas materias, verdaderos desvalijadores de los incautos que caen en sus manos, que se han hecho ricos gracias a sujetos como los evadidos de Cataluña.

Pero el peligro sigue existiendo, en una España en la que, incluso los partidos políticos, deciden por su cuenta cuales son las leyes que hay que seguir y cuales las que, por no favorecer sus intereses políticos, se deben desobedecer. Tenemos en primer lugar a los separatistas catalanes que, por activa y por pasiva, se han declarado en contra de la Constitución, de los tribunales y demás leyes españolas que les impidan llevar a delante sus proyectos independentistas; pero, lo cierto es que no están solos en esta forma de entender la democracia ya que otros partidos, como Podemos y todos los que forman parte de esta agrupación, también han decidido olvidarse de la Constitución y del Código Penal, al ponerse decididamente de parte de los independentistas y en contra de la Justicia y el Gobierno españoles junto a los demás partidos constitucionalistas, que han apoyado la puesta en marcha, con mayor o menor implicación, del citado Artº 155 de la Constitución.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos con preocupación cómo, desde las mismas agrupaciones políticas se van favoreciendo y, en ocasiones, impulsando las desobediencias al cumplimiento de las leyes, algo que, algunos de los miembros del Parlamento español parece que no se lo toman muy en serio cuando hablan, desde sus escaños, de temas tan importantes como es el de la unidad de España. Se empieza cediendo en casos de poca trascendencia pero, si no se ataja a tiempo, cuando se quieren tomar medidas para evitar males mayores, ya resulta imposible ponerles coto. Esto es lo que ha sucedido con el tema catalán y los sucesivos gobiernos españoles que no se atrevieron a erradicarlo de cuajo cuando apenas eran unos pocos los fanáticos los que defendían la particularidad de la autonomía catalana.
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