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Se tomó tiempo para analizar, una a una, las declaraciones de cada uno de los detenidos preventivamente y, sacó sus propias conclusiones respecto a las decisiones a tomar

Resolución salomónica del juez Pablo Llarena

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Se puede decir que, en esta ocasión, el Supremo se ha esmerado en evitar que una resolución sobre la excarcelación de todos los detenidos, tratara a todos por el mismo rasero lo que, inevitablemente, hubiera proporcionado a los independentista pólvora para atribuir la resolución del juez Llarena a las presiones políticas del Gobierno. No ha sido así y es obvio que se ha sopesado minuciosamente cada declaración y la postura de los respectivos imputados ante, no sólo el Artº 155 de la Constitución, sino referente a su presunto “arrepentimiento” o su falta de él, que podrían influir en su conducta si se le permitía volver a ejercer, en libertad, sus actividades políticas y, en especial, el peligro de que volvieran a cometer actos delictivos a su regreso a la vida pública. Tenemos la impresión de que, en la resolución en la que se ha determinado, por el señor juez, quienes podían ser excarcelados y quienes deberían seguir en prisión; ha pesado más la posibilidad de que reincidiesen en el delito que el argumento del fiscal en el que se alegaba que existiera un verdadero peligro de que se fugasen, como ha sucedido en el caso del señor Puigdemont.

Lo cierto es que nos ha sorprendido gratamente el hecho de que, el señor Junqueras y su lugarteniente y responsable de Interior, el señor Font, permanezcan en prisión preventiva durante el tiempo que va a durar la campaña electoral y, posiblemente, después de que se hayan celebrado las anunciadas elecciones del 21 de diciembre si, como es más que probable, la instrucción del expediente que les afecta a ambos sigue su curso. Otra noticia que, en cierta medida resulta alentadora, sin descartar que en el transcurso de la campaña puedan existir cambios en la intención de voto, es la del destacable avance en intención de voto del partido de Ciudadanos, del señor Rivera, y la señora Arrimadas. Como ya argumentábamos en comentarios anteriores, en esta particular ocasión y dados los factores que concurren en estas elecciones que, se quiera o no se quiera, van a tener un carácter de enfrentamiento entre el bloque nacionalista y el bloque constitucional; creemos que lo conveniente es que, para Cataluña, se refuerce la fuerza política que goza de más posibilidades de conseguir la victoria, aunque se tuviera que apoyar a la señora Arrimadas para presidencia de la Generalitat.

Deberemos reconocer que todas las demás soluciones, salvo la de una más que improbable victoria del PP, pueden llevar a Cataluña a una situación, a medio o largo plazo, insostenible aún en el caso de que los vencedores dejaran aparcadas sus aspiraciones independentistas, dado que la probabilidad de que las izquierdas, incluso con la colaboración de BenComú, de la señora Colau, lograran constituir un gobierno dirigido por ellas, puede conducir a toda Cataluña a fracasar estrepitosamente, si es que queremos sacar conclusiones, nada disparatadas, de lo que está sucediendo desde el 1O en esta región donde el turismo ha sufrido bajadas del 4% durante el mes de octubre; las inversiones han caído en vertical; el comportamiento del desempleo ha sido, con diferencia, el peor de toda España seguido del de Baleares. El hecho innegable es que, los políticos catalanes, que hablan del inmovilismo del Gobierno de España, siguen olvidándose de las verdaderas necesidades del pueblo catalán y, usando la misma técnica de posponer todo a un fin, supeditándolo a su lucha por el independentismo, han dejado aparcados miles de asuntos que afectaban directamente el bienestar y los derechos de los ciudadanos de Cataluña. Resulta que se quejan de la financiación que reciben del Estado, pero no mencionan que, una parte importante de ella se ha desviado a gastos relacionados con las estructuras precisas para un futuro gobierno catalán; a la contratación de personal para sustituir al de las instituciones estatales españolas; a establecer “embajadas” ( la de New York con un coste de más de un millón de euros anuales) que, bajo la apariencia de oficinas de promoción económica, desarrollan una actividad de propaganda y promoción de una Cataluña independiente; a viajes a distintos países paras dar a conocer sus proyectos independentistas; a dotar a determinadas organizaciones particulares, directamente relacionadas con el llamado “proceso”; tales como el Omnium Cultural presidido por el señor Cuixart o la Asamblea Nacional Catalana, presidida por el señor Sánchez, ambos en prisión y sin posibilidades de salir de ella según la resolución del juez Llarena.

Seguramente, a partir de ahora, vamos a tener que soportar una intensa campaña de desprestigio del gobierno español, del PP y de Ciudadanos y, estará por ver y será interesante contemplar cómo se desenvuelve el señor Iceta, el único de los que figuran entre los partidos constitucionalistas, al menos de boquilla, pero que, en la realidad, dista mucho de ser fiable en cuanto las posibilidades de formar gobierno, incluso, de ser investido presidente de la Generalitat, si se lo ponen a tiro. No es seguro, por mucho que él ha intentado despejar las dudas sobre el tema, de que, en el caso de tener que pactar con alguien, se decida por apoyar al resto de partidos constitucionalistas, si es que tiene la posibilidad de sacar mayor rédito personal si lo hace con las izquierdas, como podría ser el caso de que la oferta procediera de Puigdemont o de Ada Colau, para gobernar la autonomía catalana.

Algunos hubiéramos preferido que el tema de la insumisión de Cataluña se hubiera resuelto con unas elecciones generales, en las que hubiera quedado relativizado y reducido a sus propias dimensiones el voto catalán, una minoría que apenas afectaría al voto nacional. De cara al resto de países de la UE hubiera sido más reconfortante, más explícito referente a la verdadera dimensión del separatismo en España y, por supuesto, más ilustrativo respecto a las zonas en las que este fenómeno ha adquirido una cierta importancia y aquellas otras en las que, por una inmensa mayoría de ciudadanos, son partidarias de mantener el estatus actual, que queda regulado por la Constitución de 1978 y que garantiza, frente a las minorías que quieren romperla, que esta nación, mayoritariamente quiere mantener la unidad de los españoles para que, a la vez, desaparezca el peligro de que la voluntad de unos pocos pretenda imponerse a la del resto del pueblo español.

El gran peligro de involución derivado de la unidad de los partidos que se han confabulado para echar de Cataluña a los españoles, estriba en lo que pueda suceder en las elecciones del día 21, en las que el separatismo va a tener la oportunidad de recoger el descontento que han sido capaces de sembrar, en una parte importante de los ciudadanos catalanes, aquellos a los que se les ha permitido que fueran minando la confianza en el Estado; que han predicado impunemente la posibilidad de conseguir una Cataluña que se podía valer por sí sola y que, aprovechándose de la debilidad del Ejecutivo, desprovisto del apoyo de los otros partidos que han pretendido sacar tajada del gobierno en minoría del señor Rajoy, no han tenido reparo en lanzar graves desafíos contra España, su gobierno y sus instituciones, sabedores de que, la insolidaridad política del resto de formaciones políticas les iba a proporcionar la ventaja necesaria para llegar hasta donde han llegado: la proclamación de la república independiente de Cataluña, aunque esta situación apenas durara unos segundos.

O así es como, señores, por primera vez en este proceso, se han producido dos situaciones alentadoras. La decisión del juez del TS, señor Llarena, denegando la excarcelación de Junqueras y Font y fijando fianzas de 100.000 euros para el resto de los detenidos, para que pudieran abandonar la cárcel. Ahora le va a quedar una labor importante al señor Montoro, esta sanguijuela que nos saca, con tanta persistencia y facilidad, el dinero de nuestros bolsillos, para que tome la decisión de averiguar de dónde proceden todos estos cientos de miles de euros que, tan fácilmente, han conseguido reunir los mecenas que los han aportado con tanta prontitud, para tenerlos dispuestos, aún antes de saber las cantidades de las fianzas decididas por el señor juez. Una investigación que, con toda seguridad llevaría a comprobar de dónde se ha venido nutriendo la “caja de resistencia” del Omnium Cultural y de la ANC. ¿Interesante, no?

Resolución salomónica del juez Pablo Llarena

Se tomó tiempo para analizar, una a una, las declaraciones de cada uno de los detenidos preventivamente y, sacó sus propias conclusiones respecto a las decisiones a tomar
Miguel Massanet
martes, 5 de diciembre de 2017, 08:14 h (CET)
Se puede decir que, en esta ocasión, el Supremo se ha esmerado en evitar que una resolución sobre la excarcelación de todos los detenidos, tratara a todos por el mismo rasero lo que, inevitablemente, hubiera proporcionado a los independentista pólvora para atribuir la resolución del juez Llarena a las presiones políticas del Gobierno. No ha sido así y es obvio que se ha sopesado minuciosamente cada declaración y la postura de los respectivos imputados ante, no sólo el Artº 155 de la Constitución, sino referente a su presunto “arrepentimiento” o su falta de él, que podrían influir en su conducta si se le permitía volver a ejercer, en libertad, sus actividades políticas y, en especial, el peligro de que volvieran a cometer actos delictivos a su regreso a la vida pública. Tenemos la impresión de que, en la resolución en la que se ha determinado, por el señor juez, quienes podían ser excarcelados y quienes deberían seguir en prisión; ha pesado más la posibilidad de que reincidiesen en el delito que el argumento del fiscal en el que se alegaba que existiera un verdadero peligro de que se fugasen, como ha sucedido en el caso del señor Puigdemont.

Lo cierto es que nos ha sorprendido gratamente el hecho de que, el señor Junqueras y su lugarteniente y responsable de Interior, el señor Font, permanezcan en prisión preventiva durante el tiempo que va a durar la campaña electoral y, posiblemente, después de que se hayan celebrado las anunciadas elecciones del 21 de diciembre si, como es más que probable, la instrucción del expediente que les afecta a ambos sigue su curso. Otra noticia que, en cierta medida resulta alentadora, sin descartar que en el transcurso de la campaña puedan existir cambios en la intención de voto, es la del destacable avance en intención de voto del partido de Ciudadanos, del señor Rivera, y la señora Arrimadas. Como ya argumentábamos en comentarios anteriores, en esta particular ocasión y dados los factores que concurren en estas elecciones que, se quiera o no se quiera, van a tener un carácter de enfrentamiento entre el bloque nacionalista y el bloque constitucional; creemos que lo conveniente es que, para Cataluña, se refuerce la fuerza política que goza de más posibilidades de conseguir la victoria, aunque se tuviera que apoyar a la señora Arrimadas para presidencia de la Generalitat.

Deberemos reconocer que todas las demás soluciones, salvo la de una más que improbable victoria del PP, pueden llevar a Cataluña a una situación, a medio o largo plazo, insostenible aún en el caso de que los vencedores dejaran aparcadas sus aspiraciones independentistas, dado que la probabilidad de que las izquierdas, incluso con la colaboración de BenComú, de la señora Colau, lograran constituir un gobierno dirigido por ellas, puede conducir a toda Cataluña a fracasar estrepitosamente, si es que queremos sacar conclusiones, nada disparatadas, de lo que está sucediendo desde el 1O en esta región donde el turismo ha sufrido bajadas del 4% durante el mes de octubre; las inversiones han caído en vertical; el comportamiento del desempleo ha sido, con diferencia, el peor de toda España seguido del de Baleares. El hecho innegable es que, los políticos catalanes, que hablan del inmovilismo del Gobierno de España, siguen olvidándose de las verdaderas necesidades del pueblo catalán y, usando la misma técnica de posponer todo a un fin, supeditándolo a su lucha por el independentismo, han dejado aparcados miles de asuntos que afectaban directamente el bienestar y los derechos de los ciudadanos de Cataluña. Resulta que se quejan de la financiación que reciben del Estado, pero no mencionan que, una parte importante de ella se ha desviado a gastos relacionados con las estructuras precisas para un futuro gobierno catalán; a la contratación de personal para sustituir al de las instituciones estatales españolas; a establecer “embajadas” ( la de New York con un coste de más de un millón de euros anuales) que, bajo la apariencia de oficinas de promoción económica, desarrollan una actividad de propaganda y promoción de una Cataluña independiente; a viajes a distintos países paras dar a conocer sus proyectos independentistas; a dotar a determinadas organizaciones particulares, directamente relacionadas con el llamado “proceso”; tales como el Omnium Cultural presidido por el señor Cuixart o la Asamblea Nacional Catalana, presidida por el señor Sánchez, ambos en prisión y sin posibilidades de salir de ella según la resolución del juez Llarena.

Seguramente, a partir de ahora, vamos a tener que soportar una intensa campaña de desprestigio del gobierno español, del PP y de Ciudadanos y, estará por ver y será interesante contemplar cómo se desenvuelve el señor Iceta, el único de los que figuran entre los partidos constitucionalistas, al menos de boquilla, pero que, en la realidad, dista mucho de ser fiable en cuanto las posibilidades de formar gobierno, incluso, de ser investido presidente de la Generalitat, si se lo ponen a tiro. No es seguro, por mucho que él ha intentado despejar las dudas sobre el tema, de que, en el caso de tener que pactar con alguien, se decida por apoyar al resto de partidos constitucionalistas, si es que tiene la posibilidad de sacar mayor rédito personal si lo hace con las izquierdas, como podría ser el caso de que la oferta procediera de Puigdemont o de Ada Colau, para gobernar la autonomía catalana.

Algunos hubiéramos preferido que el tema de la insumisión de Cataluña se hubiera resuelto con unas elecciones generales, en las que hubiera quedado relativizado y reducido a sus propias dimensiones el voto catalán, una minoría que apenas afectaría al voto nacional. De cara al resto de países de la UE hubiera sido más reconfortante, más explícito referente a la verdadera dimensión del separatismo en España y, por supuesto, más ilustrativo respecto a las zonas en las que este fenómeno ha adquirido una cierta importancia y aquellas otras en las que, por una inmensa mayoría de ciudadanos, son partidarias de mantener el estatus actual, que queda regulado por la Constitución de 1978 y que garantiza, frente a las minorías que quieren romperla, que esta nación, mayoritariamente quiere mantener la unidad de los españoles para que, a la vez, desaparezca el peligro de que la voluntad de unos pocos pretenda imponerse a la del resto del pueblo español.

El gran peligro de involución derivado de la unidad de los partidos que se han confabulado para echar de Cataluña a los españoles, estriba en lo que pueda suceder en las elecciones del día 21, en las que el separatismo va a tener la oportunidad de recoger el descontento que han sido capaces de sembrar, en una parte importante de los ciudadanos catalanes, aquellos a los que se les ha permitido que fueran minando la confianza en el Estado; que han predicado impunemente la posibilidad de conseguir una Cataluña que se podía valer por sí sola y que, aprovechándose de la debilidad del Ejecutivo, desprovisto del apoyo de los otros partidos que han pretendido sacar tajada del gobierno en minoría del señor Rajoy, no han tenido reparo en lanzar graves desafíos contra España, su gobierno y sus instituciones, sabedores de que, la insolidaridad política del resto de formaciones políticas les iba a proporcionar la ventaja necesaria para llegar hasta donde han llegado: la proclamación de la república independiente de Cataluña, aunque esta situación apenas durara unos segundos.

O así es como, señores, por primera vez en este proceso, se han producido dos situaciones alentadoras. La decisión del juez del TS, señor Llarena, denegando la excarcelación de Junqueras y Font y fijando fianzas de 100.000 euros para el resto de los detenidos, para que pudieran abandonar la cárcel. Ahora le va a quedar una labor importante al señor Montoro, esta sanguijuela que nos saca, con tanta persistencia y facilidad, el dinero de nuestros bolsillos, para que tome la decisión de averiguar de dónde proceden todos estos cientos de miles de euros que, tan fácilmente, han conseguido reunir los mecenas que los han aportado con tanta prontitud, para tenerlos dispuestos, aún antes de saber las cantidades de las fianzas decididas por el señor juez. Una investigación que, con toda seguridad llevaría a comprobar de dónde se ha venido nutriendo la “caja de resistencia” del Omnium Cultural y de la ANC. ¿Interesante, no?

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