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Opinión
Etiquetas:   Carta al director  

Supremos compañeros

José Carlos Navarro (Mérida)
Redacción
sábado, 24 de septiembre de 2005, 22:00 h (CET)
Para la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, la actuación de la Fiscalía General del Estado en los casos PCTV y Atutxa fue "acorde con lo que acontece en cualquier procedimiento penal", por lo que la querella de la Fundación Tomas Moro "no puede tener acogida la pretensión de derivar al circuito de la justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal, que no coincida con la opinión del querellante o con las publicitadas en los medios de comunicación en su particular y respetable interpretación de la ley". Tortuosos e intrincados caminos interpretativos de la ley. Separación de poderes en el papel, y yuxtaposición de los mismos en la práctica, derivadas de leyes que imponen sistemas selectivos de partido.

Se dice que en derecho sólo existe lo que se prueba procesalmente, de ahí que al coincidir la publicación del Auto de los magistrados con las declaraciones de la portavoz del PCTV de que no se discrimine a ETA, no desvirtúa en modo alguno su máxima judicial.

La inacción de la Fiscalía General la califican como "de elemental prudencia jurídica, ajena a la arbitrariedad". Amplio término el de la arbitrariedad, que engloba peligrosas elucubraciones. Arbitrario es actuar en contra del sentido común y lo obvio, los medios de comunicación demuestran con el mejor de los criterios que PCTV y Batasuna son lo mismo, los tribunales interpretan las leyes, juzgan y hacen cumplir lo juzgado. Arbitrario es tener distintos raseros en el cumplimiento de la ley.

No arbitrario es la prudencia jurídica del Fiscal General combinada con sus idas y venidas a Moncloa. Ya lo dijo Otegi cuando ordenaron encarcelarle, ¿ésto lo sabe Conde Pumpido?. Fiscalía General del Gobierno y Gobierno Fiscal del Estado, dos funciones y un destino.

Negar las evidencias con justificaciones es manchar aún más las instituciones. Aunque no fuera delito, las fundamentaciones de derecho dañan la credibilidad en la justicia.

Responsabilidades civiles y penales a millares tienen sin excepción todos los gremios profesionales. Excepto uno, el de jueces y fiscales. Más aún si de casta le viene al galgo, con ascendencia en tercera generación como bien detalló -en las páginas de La Razón- don Cándido. Reforzado aún más si cabe, el hecho de ser magistrado. No cualquiera, sino del alto escalafón. Magistrado compañero de la misma Sala Penal a la que pertenecía, en el Tribunal Supremo. Supremos compañeros.

Archiven la causa, pero por favor no deterioren más aún la confianza en la justicia, justificando y autoblindando una vez más, el cuerpo de fiscales, jueces y magistrados. Cada día que hablamos de justicia, obligan a recordar al ya famoso ex-alcalde de Jerez, Pedro Pacheco. La justicia es...

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