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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

Ahora toca la sucesión de Fraga

Sergio González García

domingo, 28 de agosto de 2005, 23:23 h (CET)
La marcha del tantos años Presidente de la Xunta de Galicia de su residencia oficial, una vez perdida las elecciones, va a dar más de un quebradero de cabeza a los dirigentes del Partido Popular de la región noroccidental. La aceptación del ex Presidente de Correos y antiguo vicepresidente de la autonomía, Alberto Núñez Feijoó, de presentarse como candidato para dirigir el partido conservador no ha sido bien acogida entre los sectores más galleguistas de la formación, que ven a él como el protegido del ex Presidente de la Diputación de A Coruña y ex Ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, y por ende de la dirección nacional de la que tanto reniegan, pero con la que han sido incapaces de plantar cara aun habiendo tenido la posibilidad de escindirse el pasado mes de octubre con el Presidente de la Diputación de Ourense y del partido en la mismo provincia, Xosé Luis Baltar, como protagonista principal del embrollo.

El polo opuesto lo representa el otrora Conselleiro de Obras Públicas y número dos de Fraga en las primeras legislaturas de su mandato presidencial, Xosé Cuiña, que, apoyado por las bases más regionalistas de Lugo y Ourense, tiene la intención de dar un ´golpe de efecto´ y conseguir hacerse con las riendas de un partido en el que progresivamente se acentúan las diferencias entre “los de la boina”, es decir, los pueblerinos, caciques en sus formas y clientelelistas por antonomasia, y “los del birrete”, marcados por su universitaria formación, pulcritud y demócratas a más no poder. La tirria que desde hace muchos años le profesan figuras como Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y José María Aznar no hace más que poner piedras en el camino de un regreso en el que muchos ven la posibilidad de recuperar Sao Caetano.

El tercero en discordia es el ex Vicepresidente segundo del gobierno autonómico, y Presidente del partido en la provincia lucense, Xosé Manuel Barreiro, llamado a ser el escogido, principalmente porque es el que más consenso despierta entre todas las familias que componen el séquito popular. Desde siempre se le ha considerado más cercano al Presidente de la Diputación y miembro de pleno derecho de “los de la boina”, Francisco Cacharro, aunque sus coincidencias en multitud de aspectos con la ´dulzura´ urbana le ha hecho tener una cierta simpatía entre los más reacios a darle la plena potestad a la dirección regional. Su capacidad profesional nadie la ha puesto en cuestión, aunque sí se le exige tener un mayor carisma y conocimiento público del que adolece hasta hoy en día.

Finalmente, un último ha salido a la palestra sin que nadie se lo esperara. Se trata del ex Conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, hombre fuerte en la última Xunta, y sobre todo defensor de una política dura con la Unión Europea a la que acusa de actuar contra los intereses de Galicia en materia de caladeros. En 2002 vivió ´in situ´ la desgracia del “Prestige” que asumió como error personal y político, aunque no llegó a dimitir por estos hechos. Su política de confrontación con el sector ´cuiñista´, al que llegó a acusar de beneficiarse de la política para hacer negocios e incrementar su fortuna privada, le han valido los reproches de Baltar, con el que no tiene una buena relación por sus modos de practicar este oficio público. Su candidatura, que a priori, es la que menos apoyos tiene, tiene una base ideológica bastante conservadora, aunque ha mostrado su disposición a romper ´de facto´ con todo lo eclesiástico existente en la formación.

El Consejo de Ministros, en su vuelta de las vacaciones, aprobó una serie de medidas relacionadas con las energías renovables para los próximos diez años, el llamado Plan de Energías Renovables (PER), que estará dotado económicamente de veinte mil millones, financiado en su mayoría por las empresas afectadas, y, en menor medida, por los promotores, constructores y otros integrantes del proyecto. Las energías alternativas, eólica, solar, minihidráulica y la biomasa van a constituir la esencia del plan, con el que se pretende dejar de depender en demasía del crudo y los efectos que una posible alza de los precios tenga en la competitividad de la economía. Para finales de la década se prevé que algo más del diez por ciento de la energía que se produzca en territorio español provenga de fuentes naturales.

No sólo el Gobierno central intervendrá en el asunto, ya que el papel a desempeñar por las comunidades autónomas no es menor. Desde el punto de vista financiero, casi un veinte por ciento del proyecto vendrá de las regiones, aunque su contribución irá disminuyendo paulatinamente hasta el cinco por cien de 2010. Al mismo tiempo, la consecución del llamado Protocolo de Kyoto viene recogido en un plan que sustituye al Plan de Fomento de las Energías Renovables, realizado en 1999, además de aceptar la liberalización del mercado de gas y electricidad, que, en España, ha sido cumplido con creces.

Las reacciones ante la medida puesta en marcha por el Gobierno no se han hecho de rogar, ya que desde las organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción se ha calificado de “insuficiente y poco ambicioso”, aunque han reconocido importantes avances en sus objetivos. Según el responsable de energía de la primera, Rafael Montón, “el plan sólo recoge la posibilidad de lograr un avance sustancial en el uso de la energía eólica, aunque no estima los máximos propuestos por los ecologistas, además de no apreciar como válida la energía eólica marina”. La que menos consideración ha tenido en el proyecto es la biomasa, quedando en una situación intermedia tanto la minihidráulica como la solar.

El otro de los grandes temas abordados por los distintos titulares que conforman el Ejecutivo es el referente a la reforma del Tribunal Constitucional, (TC), que hoy en día está desasistido y desbordado por la preponderancia del Supremo. Las premisas de la nueva modificación se centran en acabar con el colapso en el que se ve envuelto desde hace unos años el Alto tribunal, sobre todo por el excesivo uso del recurso de amparo empleado por los ciudadanos. Pese a que sólo el cuatro por ciento de los procesos en causa son admitidos a trámite, prácticamente la totalidad de ellos están relacionados con el amparo. Para combatir la lentitud se va a aceptar que las secciones, compuestas por tres magistrados, resuelvan los recursos, y no se limiten a admitirlos a trámite como hasta ahora, aceptando la posibilidad de que las salas puedan dictaminar la inconstitucionalidad de estos recursos. Se incide, al mismo tiempo, en la necesidad de que se agote la vía ordinaria en cualquier juicio, y no se recurra ´ipso facto´ al Constitucional.

La Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó la reforma de “importante”, añadiendo que ésta fue pedida por la Presidenta del mismo, María Emilia Casas. El Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, apuntó que era necesaria esta medida para acabar con el sobrecargo en el que actualmente se encuentra el organismo judicial, expresando, así mismo, la obligación de que el TC sea un órgano que se limite principalmente a dictaminar la inconstitucionalidad de las leyes realizadas, evitando, de este modo, que otras instancias judiciales supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene la excesiva dilación en la resolución de las demandas presentadas.

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