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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

El golpe de estado en Mauritania

Sergio González García

lunes, 8 de agosto de 2005, 03:43 h (CET)
La historia del país norteafricano, Mauritania, quedó aún más enrevesada de lo que estaba a priori, tras el pronunciamiento militar del pasado miércoles que dio al traste con el gobierno de Ould Sidi Ahmed Taya, que alcanzara el poder en 1984 tras un golpe de estado que acabó con una dictadura sempiterna que mantenía su dominio desde que se produjo la independencia de la antigua colonia francesa allá por los años sesenta. Su política vivió diversas etapas, destacando una primera de ellas muy represiva a mediados de los ochenta, y una segunda a comienzos de los noventa, suavizada en sus postulados principales, y algo más ´democrática´, al dotar al país de una constitución y un multipartidismo que en la práctica resultó ser un completo fraude. Este levantamiento de las armas no ha sido el primero de los últimos años, puesto que en 1999, un grupo de islamistas radicales se alzó contra el gobierno como consecuencia del reestablecimiento de las relaciones diplomáticas del país con Israel, hecho repetido en 2003 y 2004, que fueron reprimidos violentamente desde la élite política, pese a las sospechas generalizadas desde los países occidentales de complot entre los que se alzaron y el ejecutivo para legitimar sus prácticas habituales.

El triunfo de los ´golpistas´, que han aprovechado la situación de desgobierno existente dentro del estado, al estar Taya en los funerales celebrados en conmemoración del Rey Fahd, para crear un Consejo Militar por la Justicia y la Democracia que velará por la creación de las condiciones favorables para desarrollar un juego democrático. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad señalaron que no estarán en el poder más de dos años, tiempo suficiente para preparar y poner en marcha unas instituciones representativas. El séquito que rodeaba al gobernante quedó arrestado, ocupando los ´rebeldes´ las zonas estratégicas del país. El promotor del triunfante alzamiento militar ha sido Mohammed Ould Abdel Aziz, comandante del batallón encargado de la seguridad presidencial y mano derecha del ya ex presidente, quedando como el nuevo principal dirigente al jefe de la policía nacional, Ely Ould Mohammed Vall.

Desde los organismos internacionales, se ha reiterado la necesidad de volver a la situación de ´statu quo´ previa al golpe de estado, aunque desde la oposición mauritana que se encuentra en el exilio, sobre todo el Fórum de la Oposición y los Justicieros del Desierto, principales partidos contrarios al anterior régimen, se ha celebrado con júbilo este hecho, ya que no se conoce otro sistema distinto en los últimos veinte años.
Las secuelas del fallecimiento de José Martínez Galdeano, detenido por la Guardia Civil en la localidad almeriense de Roquetas de Mar tras una discusión con otro individuo en mitad de la vía urbana y posteriormente con los agentes del Instituto Armado, a consecuencia de la brutal paliza propinada por los agentes de la benemérita siguen siendo evidentes en la escena política y judicial, puesto que, si en el segundo de los casos la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de la misma ciudad, Estefanía López Muñoz, tomó declaración a los involucrados en el incidente, entre los que se encuentra un teniente del ´cuerpo´ que ya fuera suspendido por la dirección general de la Guardia Civil por el uso de elementos antirreglamentarios para actuar contra los detenidos. En el primero de los casos, la agria polémica ha ´salpicado´ al Ministro de Interior, José Antonio Alonso, que se ha mostrado dispuesto a declarar en la Comisión de Interior una vez finalizada la investigación de los acontecimientos. El otro Ministerio involucrado en el asunto, el de Defensa, ha dictaminado unos procedimientos de urgencia contra los implicados, suspendiéndolos seis meses en sus funciones.
Desde las asociaciones de guardias civiles, principalmente la progresista Asociación Unificada de la Guardia Civil, se ha criticado la actitud de los componentes de la Benemérita, al tiempo que se ha rechazado la labor al frente del organismo del director general Carlos Gómez Arruche. Mientras que, desde algunas formaciones políticas como Izquierda Unida o el Bloque Nacionalista Valenciano (BNV), han reiterado la necesidad de desmilitarizar la fuerza de seguridad, eliminar los cuarteles donde habitan los familiares de los agentes y obtener los derechos de cualquier ciudadano, como la sindicación o expresión.
El día después nos vino acompañado con el desequilibrado reparto de las licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT), acometido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en la región, Esperanza Aguirre, en el que los principales beneficiarios de dicha actuación han sido los empresarios y medios de comunicación más cercanos a los sectores ultra católicos del partido ´de la gaviota´. De los cuarenta canales a disposición del gobierno regional, su vicepresidente primero, Ignacio González, ha adjudicado treinta a los grupos comunicativos afines, entre ellos, Unedisa Editorial, empresa editora del diario ´El Mundo´, al portal de noticias de actualidad, Libertad Digital, propiedad del periodista conservador Federico Jiménez Losantos, y a los acaudalados propietarios, Alberto Recarte, asociado a la Fundación liderada por José María Aznar, FAES, y Julio Ariza, en posesión de Intereconomía. En cambio, los medios de comunicación progresistas, entre ellos, los integrados en el grupo PRISA, se han visto perjudicados al no obtener ninguna licencia, pese a dar trabajo a más de cien trabajadores en algunas zonas de la Comunidad como Getafe o Fuenlabrada.
Los municipios madrileños que van a tener la posibilidad de conceder una licencia de la nueva televisión van a ser Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Collado Villalba, Fuenlabrada, Madrid, Móstoles, Pozuelo de Alarcón, San Martín de Valdeiglesias y Soto del Real. Desde los grupos de la oposición, se ha criticado duramente la tendenciosa distribución puesta en práctica por el ejecutivo regional, que, según el Secretario de Comunicación del Partido Socialista de Madrid (PSM), Miguel Ángel Sacaluga, “es un acto de imposición de la línea dura del partido conservador, del pensamiento único propio de Aznar o Acebes, una vez que la Presidenta regional se está dando cuenta de que tiene progresivamente un menor apoyo social”. Desde Izquierda Unida, se ha rechazado el criterio utilizado ya que “se ha evitado el pluralismo comunicativo que debe ser el referente de la sociedad madrileña”, por lo que la ha emplazado a dar explicaciones en el Parlamento regional.
En Canadá, se produjo la llegada a la jefatura de estado de una periodista, Michaelle Jean, en sustitución de Adrienne Clarkson, nombrada en 1999, que al igual que la anterior tiene un origen lejano de Norte América, puesto que la primera es haitiana y la segunda era de raza asiática. El cargo que va a desempeñar, la de gobernadora general, es una responsabilidad escasa en funciones, puesto que sólo se limita a firmar las leyes, aunque es esencial en lo simbólico, ya que es la figura que representa a la Reina de Inglaterra en el país de la Commonwealth. Esta licenciada huyó del país caribeño en un momento en el que el auge dictatorial de Francois Duvalier era aplastante, asentándose en “el estado de la policía montada”, y ocupando altos puestos en la televisión pública CBC. Su ideología progresista ha colaborado de manera eficiente en su designación por parte del Primer Ministro del país, Paul Martin, aunque desde las filas conservadores se ha criticado este hecho debido a que no ha contado con el consenso parlamentario necesario.

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