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Un aniversario gris de la OSCE

Vladimir Simonov
Redacción
sábado, 6 de agosto de 2005, 04:23 h (CET)
El 1 de agosto de 1975, los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos, Canadá y 32 países europeos pusieron sus firmas al pie del Acta Final de la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) en el palacio "Finlandia" de Helsinki.

A lo largo de los años 1990, la nueva Rusia hacía insistentes intentos por que la OSCE se constituyese en la base del sistema político europeo. Pero chocó con una fuerte resistencia oculta por parte de la OTAN y la Unión Europea. A Moscú lo decepciona especialmente el torcimiento temático que se observa en la actividad de la Organización: de las tres "canastas", los funcionarios de la OSCE mantienen en su campo visual sólo una, la humanitaria, mientras que otros dos derroteros: el económico y el militar-político, que incluye la lucha contra el terrorismo, continúan en estado de estagnación.

Rusia no está de acuerdo con ello. Si la OSCE no quiere perder su identidad y un día menos pensado verse marginada, debe reformarse y antes que nada restablecer el equilibrio entre las tres "cestas", advierten en Moscú.

En efecto, con el devenir de años la Organización empezó a alejarse de los objetivos planteados inicialmente y transformarse cada vez más en instrumento al servicio de un reducido grupo de sus miembros o hasta de determinados Estados. En esencia, la misión de la OSCE se ha reducido hoy día a supervisar la situación política existente en ciertos países que no forman parte de la UE ni de la OTAN. En los foros de la Organización, sus miembros se subdividen arbitrariamente en "buenos" y "malos", y la OSCE se utiliza con cada vez mayor frecuencia para leer sermones los primeros a los segundos.

Los expertos de la Organización usan de la política de doble rasero, al valorar la situación en materia de derechos humanos, la calidad de la campaña electoral celebrada o el grado de libertad de que gozan los medios noticiosos de uno u otro Estado. Si se trata de unas elecciones que se desarrollaron en Ucrania o Chechenia, los observadores de la OSCE se inclinan a pintarlo todo de color negro, y si de las celebradas en Afganistán, Kosovo o Iraq, donde centenares de miles de personas fueron privadas del derecho a expresar su voluntad, los mismos observadores aplauden el "triunfo de la democracia".

He aquí otro ejemplo sorprendente: desde hace más de un año los expertos de la Organización guardan silencio ante la flagrante discriminación de las minorías del habla rusa que se practica en Letonia y Estonia. Pero Europa debería ruborizarse de vergüenza al ver que en su parte central ha surgido la zona de un auténtico apartheid. Más de 700 mil personas que residen en Estonia y Letonia tienen las cédulas de identidad de distinto color y el humillante estatuto de "no ciudadano". Los juristas de los centros de protección de los derechos humanos han descubierto 62 diferencias en los derechos de que gozan los ciudadanos y los parias en Letonia, y 46 diferencias en Estonia.

La conducta de las autoridades de esos dos países que acaban de ingresar en la UE no tiene nada que ver con los principios de la democracia, como las interpreta el Acta Final de Helsinki, cuyo 30 aniversario se conmemora estos días. Pese a todos los intentos que hace Rusia por llamar la atención sobre esa escandalosa situación, la Organización guarda silencio, lo que Riga y Tallinn interpretan, naturalmente, como un visto bueno para seguir menospreciando las normas europeas.

Esa deformación en la misión de defensa de los derechos humanos contradice de lleno los objetivos en aras de los cuales fue concebida la OSCE: crear un indivisible espacio de seguridad a escala de toda Europa, con preceptos democráticos únicos para todo el mundo.

Precisamente por esta razón Moscú insiste en la realización de una reforma global que lleve a optimar la labor de las instituciones de la OSCE y su Secretaría. La visita a Rusia que realizó en febrero Dimitrij Rupel, titular de Exteriores de Eslovenia y presidente de la OSCE, contribuyó a lograr un mejor entendimiento entre las partes en lo que concierne a los parámetros que debería tener tal reforma.

Algunos podrían creer que Rusia simplemente se siente irritada por divergir con la OSCE en la valoración de ciertos procesos que se desarrollan en el espacio postsoviético. En efecto, los motivos por los que se guía Moscú son más profundos y atinen a lo esencial. Rusia no quiere que la OSCE olvide su misión prístina de unificadora de Europa. El mandato que recibió la OSCE es mucho más amplio y enjundioso que esos servicios unilaterales que la obligan a prestar hoy día.

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Vladimir Simonov es analista de RIA "Novosti".

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