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Etiquetas:   El espectador   -   Sección:   Opinión

Que no nos engañen

Jorge Hernández

jueves, 4 de agosto de 2005, 05:53 h (CET)
El nacionalismo tiene la fea costumbre, compartida por muchos progres, de envolver el claro, sencillo y evidente sentido del término 'nación', la comunidad política de ciudadanos iguales, en brumas románticas de carácter místico: una lengua en peligro o un sentimiento visceral apasionado.

Los únicos que se permiten un completo descuido con el lenguaje son los políticos, quizás porque piensan que las palabras se las lleva el viento y dan exactamente igual o que, en todo caso, el cómo decir las cosas es asunto de sus jefes de prensa y expertos en comunicación, que para eso cobran. Lo oímos cada día: la clase política y sus turiferarios actúan como si las palabras carecieran de significado. Pues tengo una mala noticia para ellos: el papel crucial del lenguaje en las relaciones humanas no queda anulado por el desconocimiento de su importancia, y por eso los mismos políticos que atropellan la semántica resultan tantas veces víctimas de su propia audacia. No puedes pedir a las víctimas de ETA fe, esperanza y caridad incondicionales y sentarte a recibir sus aplausos, como tampoco puedes llevar a sede parlamentaria a un psicólogo siniestro para que trate a los homosexuales como una mezcla de pacientes de pago y pecadores degenerados, y esperar ovaciones agradecidas de los afectados.

Pensemos en lo que está ocurriendo en España con el significado de “nación”. En la realidad sólo hay dos clases objetivas de naciones: las que existen como Estados, y las que son un proyecto político de estado pendiente de fundación. España, por ejemplo, es una nación, pero Cataluña, País Vasco, Galicia o Canarias sólo son naciones para los nacionalistas que reclaman un Estado propio. Es cierto que el diccionario recoge muchas otras acepciones del término –lingüísticas, históricas y sentimentales-, pero en el contexto político, que es donde se discute, “nación” no es otra cosa que esos dos significados.

Los nacionalistas tienen derecho a pretender que su territorio sentimental y político propio, su finca y vivero de votos, se convierta en nación, pero no tienen ninguno a pretender que todo el mundo comulgue la rueda de molino de que su deseo sea un derecho de obligada satisfacción, un deseo que ni siquiera es respetable la mayor parte de las veces, porque tiene un precio: la ruptura de naciones existentes, sensatas y razonables, necesarias para garantizar la igualdad y libertad de todos. De creerles, la nación sería una comunidad de destino, una lengua en peligro que debe discriminar a quienes no la hablan, o un sentimiento visceral apasionado e irrenunciable, algo como la cleptomanía o la afición por los puros habanos.

Ahora bien, sería injusto echar toda la culpa de esta confusión a los nacionalistas confesos, que al fin y al cabo se limitan a envolver su pretensión de más poder exclusivo con los ropajes retóricos más atractivos y seductores (síntoma de que, en efecto, el lenguaje importa mucho).
Hemos podido comprobarlo con ocasión del debate, o lo que sea, sobre la reforma del Estatut catalán. Que Cataluña –su clase política y su intelligentsia orgánica- quiere definirse como nación, ¿qué hay de malo en ello, que diría el Demóstenes de Llodio? ¿Qué más da que el último sondeo de opinión pública de la Generalitat confirme que sólo el 13´6% de los catalanes quieran ser exclusivamente catalanes, o que obtener más dinero para las instituciones sea tan sólo la séptima preocupación popular?

La rarefacción del significado de “nación”, que tampoco es el más preocupante de los muchos en curso –el peor es el del significado de “palabra”-, ha dado carta de naturaleza a abusos tan grotescos como la reclamación de la “deuda histórica”. Andalucía –su clase política- consiguió cobrarla, y como era previsible la cola de pedigüeños históricos no ha parado de crecer. Por fortuna, ni Perú o México pueden presentar al cobro una factura semejante. Ahora sabemos que la mínima victoria de la coalición virtual PSdG – BNG puede costar a la nación realmente existente el monto nada despreciable de 21.000 millones de euros, necesarios, naturalmente, para para sufragar el bautizo. Que Galicia reciba transferencias del Estado y de la Unión Europea –vayan despidiéndose-, que éstas serán imposibles de triunfar el modelo catalán o de extenderse el concierto económico vasco-navarro, no importa en absoluto a los convencidos de que las palabras son de goma. Si, como dijo un día infeliz Rodríguez Zapatero, “las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras”, ¿de qué preocuparse? ¿Por qué no convenir en que “déficit” signifique bombón, “superávit” el nombre de un nuevo automóvil, y “subvención a fondo perdido” el del pulpo a la gallega?

Alvarez Junco argumentaba el otro día, desdramatizando la reclamación del estatus de nación para Cataluña, que no pasa nada porque las palabras tienen significados convencionales y evolucionan con el tiempo. Lo segundo es cierto, lo primero tramposo. Las palabras sólo son convencionales como emisiones de sonido de significado arbitrario: tree no es menos árbol que arbre, pero la convención sirve para que cuando alguien diga “tree” o “arbre” sepamos que habla de árboles, no de insectos o costumbres tibetanas. Esa inmensa utilidad convierte a la convención semántica en algo bastante conservador. Además, las palabras están emparentadas unas con otras, como sinónimas, homónimas o antónimas. Por eso, si ganara la minoría marginal pero poderosa de catalanes –o vascos o gallegos- empeñados en reclamar que su minufundio sea una nación, seguro que al poco oiríamos hablar de soberanía, independencia y extranjeros sin derechos, como en Letonia. Claro que entonces también sería posible hacerse el tonto, si no se es ya, y aparentar que “independencia”, “soberanía” o “extranjeros” son palabras convencionales y sinónimas de café, ornitorrinco y fiesta, esto es, que no significan sino lo que más convenga. Pero entonces algunos deberían admitir que lo mismo puede ocurrir con cualquier palabra, desde la que figura en un contrato hasta la que usan para pedir ayuda. Simples emisiones arbitrarias de sonido que a nada obligan, porque nada dicen a nadie. Que no nos engañen.

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