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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

El desarme del IRA

Sergio González García

domingo, 31 de julio de 2005, 23:03 h (CET)
La finalización de la lucha armada por parte del Ejército Republicano Irlandés, más conocido como IRA, trajo un halo de esperanza para un país, Reino Unido, que se encuentra en una guerra permanente con el terrorismo islamista, mucho más moderno, y sobre todo con mayores posibilidades de conseguir sus propósitos. Desde ´brazo político´ norirlandés, Sinn Fein, su presidente, Gerry Adams, principal precursor de la desmilitarización del la banda terrorista, calificó el hecho como “valiente y lleno de confianza”, al tiempo que pidió a todos los irlandeses, republicanos y nacionalistas que “vuelquen su energía en alcanzar la construcción de la nueva Irlanda”. Todas las unidades del ejército republicano deben deponer las armas, además de recibir programas para la defensa de las ideas por medios políticos y democráticos. Pese a aceptar el programa de pacificación, la banda no consumirá su desmembración, demanda puesta sobre la mesa por los unionistas para negociar con el principal partido pro-irlandés la formación de un gobierno para la provincia del Úlster, autonomía que lleva suspendida desde el 2002, y que tras las elecciones del pasado año vio como no podía conformar gobierno al alcanzar el triunfo las formaciones más radicales de ambos lados. De esta manera se pone fin a más de treinta años de lucha, hecho que se lleva a cabo una vez se producía la amnistía de un miembro del IRA, Sean Kelly, y tras finalizar la importante crisis interna que tuvo la banda armada a consecuencia del asesinato del simpatizante republicano, Robert McCartney, en una reyerta a principios de año.

Este movimiento violento tuvo su origen en 1955, toda vez que treinta años antes los seis condados que conformaban el Úlster se mostraron partidarios de seguir formando parte del Reino Unido, mientras que la parte meridional de la isla, Irlanda, accedió a la independencia, creándose una frontera que separaba ambas partes, diferenciándose pues un norte de mayoría protestante y un sur preheminentemente católico. En la década de los sesenta, todas las reformas de los derechos civiles de los ciudadanos de ambas creencias no impiden que los altercados militares afecten a la población. Aunque no fue hasta 1972 cuando se mostró la cara más amarga del proceso de separación por religión, debido a la matanza indiscriminada de quince manifestantes católicos por parte de las tropas británicas, el llamado “Domingo sangriento”, hecho que vino acompañado de la suspensión de la autonomía protestante en Stormont, ejerciendo el dominio de manera directa. A finales de los ochenta y principios de los noventa los movimientos agresivos del IRA fueron frecuentes, con una gran multitud de víctimas como resultado. Tras la tregua de los separatistas irlandeses y los paramilitares leales a la Corona británica de 1994, se rompe el armisticio, y el radicalismo vuelve a tener sus consecuencias sangrientas.
En 1998, se firman “los acuerdos de Viernes Santo”, que se ve ratificado por vía parlamentaria y por vía civil, tras la celebración de un referéndum apoyado por la mayoría de la sociedad. Un año más tarde se produce la conformación del gobierno entre unionistas y separatistas, liderados por David Trimble y John Hume, personas capacitadas para liderar el ejecutivo de Irlanda del Norte. Los años siguientes se ven marcados por las constantes supresiones de autonomías decretadas por los sucesivos Ministros para el Úlster, como el actual Comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, o el Ministro de Defensa, John Reid, que fueron devueltas un tiempo más tarde, destacando la última de ellas en 2003. Finalmente, en 2004, las negociaciones dedicadas en exclusiva a la autonomía del Úlster, permitieron obtener un acuerdo de mínimos entre los gobiernos del Reino Unido e Irlanda.

El viernes se celebró la sesión de investidura del Secretario General del Partido Socialista de Galicia (PSdG) como nuevo Presidente de la comunidad noroccidental. Con los treinta y ocho votos a favor previstos de la coalición entre progresistas y nacionalistas del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), frente a los treinta y siete del Partido Popular de Galicia, que no sólo se opuso al primero de los candidatos propuestos, sino que presentó una alternativa en la figura del presidente saliente, Manuel Fraga. Tras ser nombrado como Jefe del Ejecutivo autonómico, recibió las felicitaciones de los distintos dirigentes, encabezados por el futuro vicepresidente y líder del Bloque, Anxo Quintana, del Portavoz de los socialistas, Ismael Rego, y del Portavoz adjunto del PP, Xosé Manuel Barreiro. A escala nacional, el primero en apresurarse en felicitarlo fue el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que expresó su confianza en que Galicia avanzará de manera imparable en todos los ámbitos.

La primera de las grandes medidas que debe abordar destaca la referente al estatuto autonómico, que pretende ser un reflejo de la política de concordia que desea poner en práctica, al tiempo que espera contar con la colaboración de todas las formaciones con el fin de alcanzar la esperada renovación de la ´carta autonómica´. Los grandes escollos que puede traer se centran en una excesiva reclamación de competencias que desborde la Constitución Española, sobre todo por la cuestión del concepto de “nación”, la asunción de la gestión aeroportuaria y el nombramiento del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) como última instancia judicial en la autonomía, limitando al Tribunal Supremo a un organismo de casación de doctrina.

En Cataluña, las profundas desavenencias entre los dos grandes partidos que conforman el tripartito, Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), se hicieron patentes debido al acuerdo alcanzado entre los republicanos y los convergentes para reclamar el derecho histórico de la región para asumir una serie de competencias que rebasan ´a todas luces´ los límites constitucionales. El partido progresista defendía la posibilidad de dictaminar el carácter “exclusivo” de algunas atribuciones, siempre y cuando se eliminara el recurso a fechas pretéritas para defender el traspaso de dichas competencias.

Desde la Presidenta del PSC, y ex Alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Manuela de Madre, las acusaciones de deslealtad contra su socio de gobierno fueron evidentes, criticando la posibilidad de que éstos se hayan aliado con Convergencia y Unió para sacar adelante aspectos con los que en un principio no estaban de acuerdo, sobre todo, desde que el partido de Josep Lluis Carod-Rovira prometiera al Presidente del Ejecutivo central no proponer elementos que tuvieran cualquier ápice de inconstitucionalidad. En cambio, el portavoz de los independentistas en el Congreso de los Diputados, Joan Puigcercós, ha señalado que no hay que dramatizar la situación puesto que se está en periodo de conformación estatutaria, defendiendo la madurez y estabilidad que mantiene la coalición que se encuentra al frente de la comunidad nororiental. El tercer miembro del gobierno, Iniciativa per Cataluña (ICV), el portavoz en la comisión encargada de ´remodelar´ el estatuto, Jaume Bosch, considera desproporcionada la reacción mantenida por los socialistas, además de indicar que se trata de “un debate jurídico acerca de la mejor forma de reforzar las competencias exclusivas”.

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