En democracia, la categoría de un preso la determina la motivación del delito cometido. Así que, si convenimos que España es un Estado democrático, tenemos que admitir que en España hay presos políticos. Los miembros del Govern de la Generalitat que actualmente están en prisión preventiva cometieron (presuntamente y a juicio del fiscal general del Estado) unos delitos cuya motivación es política. El fiscal Maza, nombrado por el Gobierno del PP y reprobado por el Congreso de los Diputados, presentó las mismas querellas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra, en un caso, los miembros del Govern cesados en sus funciones por el artículo 155 y, en el otro caso, los miembros de la mesa del Parlament que votaron a favor de la independencia de Catalunya el pasado 27 de octubre. La Audiencia Nacional impuso la prisión preventiva para los miembros del Govern y el Tribunal Supremo eximió de medidas cautelares a los miembros de la mesa del Parlament, por lo queda meridianamente claro que los tribunales españoles gozan de una extraordinaria holgura de juicio. Es fácil suponer que en esas sutilezas que hacen inclinar la balanza de la justicia a un lado o a otro, las voluntades de los jueces acaben determinando la suerte del justiciable.
El Gobierno de España y sus aliados se mueven dentro de la lógica autoritaria que les permite afirmar que en España no hay presos políticos o consentir que permanezca en su cargo un fiscal reprobado por el Parlamento. La misma lógica que les imposibilita concebir un país plurinacional o aplicar el artículo 155 por el supuesto mendaz de una declaración de independencia que nunca se llegó a proclamar; desde luego, el Diari Oficial de la Generalitat no hace la más mínima mención del asunto.
Hay presos políticos y un autogobierno desactivado. Con estos mimbres el Gobierno del PP convoca a los españoles a unas elecciones que se celebrarán el 21 de diciembre, tres días antes de que se nos atragante el turrón. Parece ser que todos los partidos, incluidos los independentistas, concurrirán a la convocatoria. Todo esto nos plantea unos interrogantes de caballo. De aquí al día 21 de diciembre, ¿qué pasará? Faltan alrededor de cuarenta días. ¿Pasará el independentismo del actual estado de confusión, de frustración, de humillación a un nuevo estado de euforia épica cuando se tenga que enfrentar a las urnas? ¿Ganarán las elecciones los independentistas con una mayoría más amplia? De ser así, ¿aceptará el Gobierno el resultado de las elecciones de carácter inequívocamente plebiscitario o volverán a aplicar el artículo 155? ¿Tendremos por fin la deseada paz confederada, seguiremos atrapados en los últimos amarres residuales del franquismo, se montará la Gloriosa 2.0 con Felipe VI retomando el camino de su chozna Isabel?
A este país le faltan aún unos cuantos hervores para llegar a la madurez democrática. El reto es evitar que en los hervores acabemos todos cocidos como codillos de ibérico.
