Esta vez los dirigentes catalanes, con el presidente de la Generalitat a la cabeza, han sobrepasado todo límite. El mensaje victimista del que hacen uso en medio de una de las mayores crisis económicas de España es el reflejo de lo que caracteriza a los nacionalistas: la insolidaridad e irresponsabilidad. Políticamente ahora se puede sacar mucho rédito al discurso discriminatorio y sembrar el descontento y la molestia. La advertencia de Duran Lleida al Rey de que “ha perdido muchos amigos en Cataluña, a raíz de su carta”, no pretende otra cosa que mostrar su apoyo al pueblo catalán, generando al mismo tiempo una sensación de abandono y agresión por parte de todo aquello que representa al Estado español. Y lo hacen así porque la adversidad une y el sentimiento de soledad también.
Artur Mas cree que logrando que los ciudadanos de Cataluña se sientan atacados por el resto del país, obtendrá la mayoría que no alcanzó en las urnas en las pasadas elecciones, pero falta por ver que la independencia forme parte de su programa electoral, teniendo en cuenta que ahora no la incluye, su situación económica y las dificultades a las que se enfrentarían. A los catalanes les han dicho que les iría mejor solos porque aportan al Estado más de lo que reciben, pero se les ha olvidado decirles que el 60 por ciento de lo que vende Cataluña fuera de su territorio se lo compra el resto de España, que forman parte de la Unión Europea porque son españoles y se les ha olvidado preguntarse qué pasaría con La Caixa.
La deriva del nacionalismo catalán plantea un escenario de gran complejidad política cuyo final hoy se hace especialmente complicado. Eliminado el principio de que las conquistas y las anexiones se alcanzan con sangre, solo cabe el respeto y el cumplimiento de la Constitución o el pacto político. Es obvio que Cataluña no está de acuerdo con el sistema de financiación, pero ese problema es extensible a otras Comunidades Autónomas y tal vez, siempre bajo la unidad y consenso, recuperando el espíritu de la Transición, el debate debiera ser si la solidaridad debe seguir siendo un criterio en la financiación y de relación entre las Comunidades. Aunque, honestamente, echar la culpa de su ruina al hecho de que aportan más de lo que reciben, es populismo y engañarse a sí mismos porque la economía de Cataluña la arruinó el tripartito, y lo saben muy bien.
Ya vale de chulerías, amenazas y mentiras. Llegados a cierto punto existe el articulo 155 de la Constitución que prevé “la suspensión o disolución de órganos territoriales”. Artur Mas debería estar preocupado, más que por crispar a la ciudadanía, por la quiebra de la Generalitat, por conseguir del Estado la pasta que necesita para cumplir con el déficit y por los casos de corrupción que acechan al partido, como la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música. Tanto adelanto electoral ya veremos ante estas circunstancias, por mucha adversidad y discurso victimista, si logra esa mayoría que no obtuvo hace bien poco.
