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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

El libro blanco del Ministerio de Industria

Sergio González García

viernes, 29 de julio de 2005, 01:03 h (CET)
La reciente muerte del ciudadano brasileño a manos de la policía británica, más conocida como Scotland Yard, provocó un aluvión de críticas en todo el mundo, principalmente en Europa, donde no se entiende que se actúe de manera agresiva contra un individuo, que, como se comprobara posteriormente, no tuvo ningún lazo de unión con los terroristas que atentaron el pasado 7-J en la capital inglesa. Desde los mandos de seguridad del Reino Unido, su jefe central, Ian Blair, no sólo defendió el uso de estas técnicas, sino que fue más allá, esgrimiendo la necesidad de seguir utilizándolas para luchar contra el terrorismo internacional que tanto daño a realizado a Occidente en los últimos años, empezando por Estados Unidos en 2001, y finalizando por España en 2004. En España, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y también de la máxima instancia judicial, Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, hombre que alcanzara la presidencia del organismo a propuesta de los populares, y supliendo a Javier Delgado, tras la rúbrica del “Pacto de la Justicia” entre los dos principales partidos del territorio nacional, mostró su conformidad con las actuaciones policiales inglesas, y calificó de “único modo de luchar contra el terrorismo que está trayendo la Tercera Guerra Mundial”, apoyando desde el inicio “el uso de la fuerza para acabar con los extremistas islámicos, que están impidiendo ejercer la libertad formal de los individuos inocentes ante el terror radical”.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar, puesto que desde la asociación Jueces para la Democracia (JpD), la segunda con un mayor número de integrantes dentro de la carrera judicial, marcada por su corte progresista, su portavoz, Edmundo Rodríguez, calificó estas declaraciones como ´desastrosas´ al tiempo que apeló a una rectificación inmediata para evitar que desde el primer y principal órgano jurisdiccional español se viertan palabras inadecuadas con la justicia y la libertad internacional. En el seno del CGPJ, la minoría izquierdista y el miembro nombrado a propuesta de Convergencia y Unió, firmaron un manifiesto en el que se desmarcaban de las ideas que expresaba su presidente, al tiempo que le exigían una negación de lo dicho previamente. Desde los partidos políticos, principalmente Izquierda Verde, se avergonzaron de lo expresado por Hernando, destacando las palabras del portavoz en el Congreso de los Diputados de IV, Joan Herrera, en las que defendía a ultranza la consecución de la dimisión del jurista conservador al frente del organismo, intentando que accediera al poder alguien más ecuánime y firme en sus postulados demócratas y defensores de los derechos fundamentales de los individuos.

En la parte económica se produjo la publicación del llamado “Libro blanco de la energía” realizado por el antiguo miembro de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Ignacio Pérez Arriaga, en el que expone las bases para alcanzar el equilibrio y la libre competencia entre todas las empresas que forman parte del sector eléctrico. La idea central, que plantea éste, es la limitación del poder en la fijación de precios que tienen las dos mayores eléctricas del país, Endesa e Iberdrola. Partiendo de la Ley de la regulación de la energía aprobada por el PP en 1997, el consejo de expertos se encarga de explicar y diseccionar el sistema apropiado para limitar el predominio y las situaciones de concentración económica en manos de unos pocos. Además, se aborda el aspecto de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), puesto que se propone reemplazar desde ahora hasta 2010 el mecanismo de cobro por diferencias de precio fijo y cantidad fija para cada agente con derecho a recuperación. Al tiempo, se propone la implantación de los contratos virtuales de la energía, en los que se detalla la cantidad de energía vendida y su precio, que servirían como herramienta para de liquidación de los CTC pendientes sin distorsionar el funcionamiento del mercado.

La puesta en marcha del proyecto, encargado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con su titular al frente, José Montilla, ha sido uno de los grandes emblemas de una cartera que había desaparecido en el último gobierno de los conservadores, pero que fue recuperada en aras de tomar en consideración un sector secundario que sigue reportando considerables beneficios a las arcas españolas, y en que su liberalización y deslocalización puede seguir provocando eliminación de puestos de trabajos sin ningún control. Desde un principio, el aspecto de las fusiones y concentraciones empresariales fue visto como decisivo en el plan de Industria, toda vez que en 1999 el Partido Popular, con su Ministro de Economía, Rodrigo Rato, y su titular de Industria en la primera legislatura, Josep Piqué, con ayuda de la CNE, impidieran ´una unión de hecho´ entre la antigua pública, Endesa, y la segunda del estado, la vasca Iberdrola. Esto se repitió en 2003, cuando el presidente del organismo regulador, Pedro Meroño, se opuso frontalmente a los planes expansivos de la primera gasística española, Gas Natural, de hacerse con el control de la empresa dirigida por el amigo del líder de las finanzas españolas, Manuel Pizarro, Endesa, al considerarlo un intento flagrante de la primera accionista de la catalana, La Caixa, por entrar en un mercado en el que no tenía presencia.

En 2004, se planteó la posibilidad de que se produjera una macro concentración de empresas auspiciada por la primera caja de ahorros española, en la que se unirían los líderes de los distintos sectores energéticos, por un lado la primera eléctrica del país, Endesa, la homóloga en el sector gasístico, Gas Natural, la poderosa Repsol-YPF y la empresa de aguas barcelonesa, Agbar, operación que ´quedó en el aire´ a expensas de que se hiciera público el informe de los expertos. El cambio en la dirección de la Comisión Nacional de la Energía, con la llegada de la economista progresista, Maite Costa, puede proporcionar un voto de confianza para establecer una unión de empresas que permita conformar un ente que compita a nivel internacional, y que desde tiempos pretéritos está siendo negada, rompiendo con la principal premisa de la libre competencia económica.

El miércoles se conoció la captura del polémico abogado español, Emilio Rodríguez Menéndez, que no sólo es conocido en la prensa ´rosa´ sino que también tiene contactos con el mundo de la política. Su detención se produjo en Buenos Aires, Argentina, en un restaurante cuando comía junto a su esposa y su chófer. Desde hacía varios meses se encontraba en “búsqueda y captura” a raíz de la condena impuesta de dos años al letrado por la Audiencia Nacional como consecuencia del polémico vídeo en que salía un montaje del director del diario “El Mundo”, Pedro J. Ramírez, con una prostituta y su posterior difusión por los distintos medios de comunicación. En este mismo caso, también se encuentran imputados otros individuos como el autor del vídeo, José María González Sánchez-Cantalejo, el ex asesor de Moncloa, Ángel Patón, y el ex Gobernador Civil de Guipúzcoa, Ramón Goñi Tirapu.

Desde mediados de los noventa, el jurista está especializado en ´huir´ de los tribunales, ya que además del caso del ex director de Diario 16, también tuvo problemas económicos con Agencia Tributaria, a la que debía un millón y medio de euros, pese a contar con una elevada cantidad de bienes inmuebles, lugares donde se reunía con amigos de la cúpula de interior durante los últimos gobiernos de Felipe González, encabezada por el ex Ministro de Interior, José Barrionuevo, y su mano derecha por entonces y Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Sus problemas con las mujeres se hicieron patentes cuando fue objeto de un intento de asesinato por parte de su tercera mujer, Laura Fernández, al tiempo que fue acusado de bigamia. Por último también tiene sentencias firmes contra su persona por injuriar al ex Alcalde de Cazalla de la Sierra, Ángel Rodríguez de la Borbolla, contra el propio Pedro J. Ramírez, además de ser expedientado por diversos colegios de abogados.

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