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Etiquetas:   Los leones y los días   -   Sección:   Opinión

La reforma de la ley educativa

Sergio González García

lunes, 25 de julio de 2005, 05:07 h (CET)
El pasado viernes, en el Consejo de Ministros, se aprobó la reforma de la Ley educativa, llamada Ley Orgánica de la Educación (LOE), que supone la última de una interminable lista de modificaciones en el ámbito escolar. La primera de ellas, realizada tras el Franquismo, fue la Ley de Reforma Universitaria (LRU), fundamentada exclusivamente para regular los estudios superiores. En 1985, el gobierno de Felipe González creó la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que contó con un mayor apoyo entre partidos que se estaban situando en el panorama político español. La última de las transformaciones en el sector educativo, durante el gobierno socialista, la tan manida Ley Orgánica de la Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en 1990, que incluía cambios sustanciales en la enseñanza básica, pasando de la antigua Educación General Básica (EGB) a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y pasando el Bachillerato Unificado Politécnico (BUP) y el Curso de Orientación Profesional (COU) al Bachillerato Superior, obligando a los estudiantes a alcanzar el graduado de Secundaria, a los dieciséis años, para poder empezar su andadura en el campo profesional. Durante el gobierno del Partido Popular, la entonces Ministra de Educación, Pilar del Castillo, intentó sacar adelante la famosa Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), que contó con grandes oposiciones de estudiantes, profesores y asociaciones de padres de alumnos, aunque se vio respaldada por organizaciones católicas y la Conferencia Episcopal, debido, entre otras cosas, a la relevancia que le da a la religión católica y su confirmación como materia decisiva en la educación del alumno.

La nueva reforma planteada por el Ministerio de Educación, que encabeza la profesora de la Universidad Carlos III, María Jesús San Segundo, elimina tres de las cuatro leyes que hay actualmente en vigor, la Ley Orgánica Reguladora de la Participación Educativa del Gobierno (LOPEG), LOCE y LOGSE. Desde un primer momento, la modificación estructural realizada tiene el consenso de asociaciones de profesores, universidades, colegios, ministerios, comunidades autónomas y el Consejo Escolar. La oposición que mantiene la Iglesia Católica con respecto a la nueva legislación se debe sobre todo a la voluntariedad en la toma de decisión de los padres para aceptar o no el imparto de la asignatura de Religión a sus hijos, el hecho de que la nota que se conceda en ésta no contará en la promoción de curso del alumno, la concesión de becas y el acceso a los estudios universitarios. En lo referente a la repetición de curso, se mantendrá en una las posibilidades de hacerlo en Primaria y dos en Secundaria, manteniéndose el límite en dos para no mantenerse en el mismo nivel, quedando con tres la necesidad de establecerse en el claustro de profesores la potestad de dictaminar la vuelta a cursar un mismo curso del alumno. El ingreso en la universidad dependerá del nivel adquirido en Bachillerato y de la superación de una prueba similar a la actual Selectividad.

La aprobación de este proyecto de ley no ha resultado ser ´un camino de rosas´ ya que ha contado a priori con muchos obstáculos en su camino. Los puntos más polémicos se centran, sobre todo, en la financiación de los colegios públicos y concertados, y en la admisión de los alumnos en ambos. Actualmente, el gasto público en Educación representa casi el cinco por ciento, cifra bastante inferior a la media europea, y a las manejadas a comienzos de los noventa. Otro de los motivos de fricción es la inclusión en la nueva ley de una medida que impide el cobro por parte de los colegios concertados de un impuesto económico a las familias a través de las asociaciones de padres o fundaciones, medida realizada para poder complementar el dinero que reciben de la financiación pública. A través de ella, se intenta evitar la puesta en marcha de un mecanismo de selección del alumnado a partir de criterios socioeconómicos. La última de las grandes desavenencias se produce por el recorte de las asignaturas, aunque algunas como Filosofía y Ética se mantendrán en Cuarto de ESO y Segundo de Bachillerato. En cambio, Educación Plástica y Musical, y Tecnología han visto mermada su presencia a uno de los tres primeros cursos de Educación Secundaria.

Tras la adquisición de Amena por France Telecom, la otra de las grandes noticias del mercado financiero es el inicio del proceso de integración de las tres grandes cajas que operan en el País Vasco, la BBK, que se expande por el territorio vizcaíno, cuya presidencia ostenta el ex Presidente de Iberia durante el Gobierno de José María Aznar, Xabier de Irala, que es considerada la mayor de todas ellas. La segunda en discordia es la Kutxa guipuzcoana, dirigida por el nacionalista Carlos Etxeparre, considerada también como la segunda en potencia del trienio cajero, aunque presenta un elevado índice de clientes, y la última de ellas, la Caja Vital, con gran implantación en Álava, encabezada por Gregorio Rojo, hermano del Presidente del Senado y del Partido Socialista de Álava, Javier Rojo.
Desde que se creara el segundo gran banco español, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, fruto de la unión de BBV y la antigua estatal Argentaria, la sede del banco siguió en la capital del Nervión, pero su presidencia dejó de estar ocupada por un vasco, Emilio Ybarra, y pasó a estar ocupada por un gallego, Francisco González, el País Vasco ha dejado de tener un gran banco y ha pensado desde el comienzo en la creación de un ente económico donde el poder político imponga su ley sobre los criterios pecuniarios, y en la posibilidad de extender el dominio que el Partido Nacionalista Vasco tiene dentro de la sociedad.

Los distintos partidos políticos, que están representados en las asambleas de las distintas cajas, han dado su apoyo a la consecución del proyecto financiero, al igual que el sector empresarial y el sindical, que ha dado su plácet siempre que no suponga la eliminación de puestos de trabajo en la nueva caja vasca que surja de la idea. La finalización de manera satisfactoria del proyecto supondrá la creación de la tercera caja de ahorros por activos de España, y la quinta si se incluye a los principales bancos ibéricos.

El incidente entre el Portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y ex Ministro de Comunicación durante el último gobierno socialista antes de la entrada al poder de los populares, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el parlamentario popular por Guadalajara, Rafael Hernando, sirvió al Presidente de las Cortes, Manuel Marín, para pedir excusas ante la sociedad, ya que la clase política debería ser la primera en dar una buena imagen de cara a la sociedad y actuar como servicio de atención a los ciudadanos, hecho que hoy en día está en discusión. La discusión se inició en la sesión de la Diputación Permanente cuando el grupo popular pidió la comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por el incendio que se produjo en la ciudad castellano manchega y que ha causado la muerte de once individuos. El Partido Socialista ha expresado su condolencia con los familiares de las víctimas, las ha atendido y ha pagado un “precio político” por este hecho, la dimisión de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo. El Partido Popular considera que se debe producir la renuncia del Presidente de la Junta, José María Barreda, aunque parece evidente que la situación acabará calmándose para bien de todos ellos.

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