Según la Guardia Urbana de Barcelona, cerca de un millón y medio de manifestantes han participado en la “Diada Catalana” de este año, con una sustancial elevación del dintel nacionalista disolvente, o más claramente independentista, que es el giro que ha tomado el nacionalismo catalán burgués, frente al otro nacionalismo catalán abiertamente independentista y republicano de Esquerra Catalana.

Así con el progresivo incremento de la demanda autonómica el catalanismo desleal al Estado español, llega al fin de su trayecto, en el que no le queda más que asumir su status autóctono en la política autonómica y española en general, dentro de este ambiguo “Estado de las Autonomías”, o incluso avanzar formalmente ante una delimitación federal del Estado –que sería lo más lógico, dadas las circunstancias, y que no vendría a representar necesariamente más autonomía para Cataluña de la entregada hasta este momento-, o seguir en la deriva separatista para jugar –ante la debilidad política y económica española actual- a la creación de un Estado Catalán –al modo balcánico- en una UE desorientada y confusa en el rumbo a seguir.

Esta último planteamiento supone una falta de cooperación institucional en España, que llega a la deslealtad, lo que representa una grave deriva en los planteamientos de la burguesía catalana que sustenta CIU, para distanciarse electoralmente del PP catalán –cada vez más próximo en la disputa electoral-, y sobre todo remover los sentimientos catalanistas frente a una supuesta opresión centralista de Madrid –que en la actualidad es inexistente-, y que sólo se saca a relucir de forma torticera e ilegítima para arrastrar la emotividad irracional popular en pro de unos planteamientos insolidarios y de confrontación con el resto de los territorios del Estado.

Para ello, no se ha dudado en hacer un montaje histriónico y populista por parte de los políticos más significativos, de cara a la fiesta catalana del 11 de septiembre, en que so pretexto de esa inventada opresión, se aprovecha y tantea en la debilidad actual del Estado, y se da a entender que los problemas de la crisis económica se resolverían por la vía de la independencia, dado que entre otras cosas, se deja caer la falacia de que Madrid esquilma a Cataluña con sus impuestos de los que no revierte la parte que estos políticos dicen que es justa y se les debe. Algo que no se corresponde con la realidad, pues las inversiones del Estado en Cataluña superan las que aquel realiza en otras autonomías, no menores.

No obstante, montado el espectáculo y soliviantada la calle, el nacionalismo catalán –especialmente CIU- “enseña músculo” al Gobierno central, al tiempo que le recuerda su petición de pacto fiscal al modo foral vasco-navarro (que dicho sea de paso, son una reminiscencia histórica, que en la España constitucional, deberían de haberse derogado por desiguales e injustos con el resto de los territorios del Estado), pero que bien le sirve al Gobierno de Artur Mas hoy por hoy. Y así sucesivamente, hasta la extenuación, seguirán pidiendo y pidiendo, incluso en los peores momentos como los actuales en que el Estado se juega su futuro interno e internacionalmente.

Sin embargo, lo que no se entiende es que CIU tenga con el PP un pacto en Cataluña, y cómo se puede mantener ese apoyo del PP catalán ante unas actitudes políticamente desleales, insolidarias, y no cooperativas con el resto del Estado. ¡Otra asignatura pendiente de las muchas que ya viene arrastrando Rajoy!.

Por último, sólo constatar una vez más, el profundo fracaso político del modelo constitucional de “Estado Autonómico” que debería de revisarse, al hilo de los reajustes constitucionales que ya se van demandando para hacer más moderno, eficiente y justo este País; pues este modelo fruto del consenso constitucional, tras ser desarrollado, las minorías nacionalistas con las que se pactó han sido las primeras en romper el consenso constitucional para apostar por aventuras independentistas, y jugar a un irredentismo nacionalista permanente que suele ser perturbador de la vida política y económica española, y que se ha demostrado económicamente insostenible, políticamente ineficaz, y socialmente injusto.

Todo lo cual, requiere una rápida y drástica respuesta del Estado, abriendo un nuevo periodo constituyente que promulgue una nueva Constitución, o reforme la anterior, elaborando un proyecto de Estado viable, permanente y fuerte, incluso en la fórmula federal, pero que suponga un federalismo cooperativo (a modo del de los Estados Unidos o Alemania) en que ningún territorio cuestiona el Estado, ni este se entromete en los definidos cometidos de los territorios, ni se den solapamientos de competencias que entorpecen la vida social y económica, como sucede en el actual formato de “Estado Autonómico”. Pero para ello, no se puede dejar nada a la improvisación, ni a la almoneda política, ya que en tal caso, volverían los comportamientos desleales para sacar partido y mejoras a costa de los demás.