Los mineros detenidos en Sudáfrica tras los enfrentamientos con la policía en la mina de Marikana, han sido acusados por un tribunal del homicidio de sus 34 compañeros abatidos por la policía hace un par de semanas.

La acusación llega bajo la doctrina del "propósito común", una polémica doctrina aplicada bajo el anterior régimen del apartheid. Es decir, por el hecho de haber actuado en masa contra los agentes de policía el 16 de agosto, en una acción policial calificada como la más mortal desde que Sudáfrica es una democracia en 1994.

Según Frank Lesenyego, el portavoz de la Autoridad Nacional de Acusación, los 270 trabajadores de la mina se enfrentan a acusaciones de homicidio, incluso los que estaban desarmados y los que se mantuvieron en la parte trasera de la manifestación. Esta doctrina se aplica cuando hay sospechosos con armas y se enfrentan a la policía y hay un tiroteo y se presentan fatalidades. Dicha doctrina establece que los detenidos pueden ser acusados de asesinato, sin importar quién efectuó los disparos.

La decisión judicial ha provocado revueltas en el país. Ayer, más de 100 personas acudieron a las puertas de los tribunales. El ex líder de las juventudes del partido que gobierna, el ANC, declaró que "todo el mundo vio a la policía matar a aquellos hombres. Esta decisión es una locura". "Los policías que mataron a esas personas no están bajo custodia, ni siquiera uno de ellos", dijo Malema, quien fue expulsado del CNA por desacuerdos con el presidente Jacob Zuma.

"La doctrina que se les aplica a los acusados es obsoleta e infame". Fue desacreditada durante el Apartheid, asegura el abogado Jay Surju.