La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual no se ha hecho esperar. Murcia privatizará su gestión debido a la crisis económica. 350 personas tienen su empleo en el aire.

El gobierno de Murcia, representado por Manuel Campos, consejero de Presidencia, y Juan Bernal, consejero de Economía y Hacienda, anunció este miércoles el nuevo modelo para la gestión del canal autonómico. El ejecutivo regional rescindirá el 31 de agosto el contrato entre la sociedad pública TAM (Televisión Autonómica de Murcia) y la empresa murciana GTM, adjudicataria de una parte importe de los contenidos y servicios técnicos de 7RM, rescisión que se hará extensiva a los demás compromisos con el objetivo de proceder a la extinción de la Televisión Autonómica de Murcia al final de 2012.

Además se modificará la Ley 9/2004 por la que se creaba el ente RTRM (Radiotelevisión Región de Murcia) y se reestructurará el servicio público de radiodifusión, que incluirá a la empresa pública Onda Regional, con el fin de convocar un concurso y encontrar una empresa privada que gestione de forma indirecta el servicio público de televisión. Para minimizar el impacto se desea llegar a un acuerdo con GTM y RTRM para que, hasta que se resuelva el concurso y se extinga la TAM, se siga ofreciendo un mínimo de servicios de información pública.

Según lo afirmado en la rueda de prensa en la que comparecieron los consejeros, el objetivo es “reducir el coste ante limitaciones presupuestarias impuestas por la actual situación económica y financiera de la Región de Murcia y garantizar su papel como servicio público, así como el mayor número de puestos de trabajo”.

Hay que recordar que 7RM inició sus emisiones en 2006, y que durante el periodo entre 2006 y 2010 la financiación pública transferida a la Radiotelevisión de la Región de Murcia ascendió a 46 millones de euros anuales (media aproximada). En 2011 sufrió un recorte que dejó dicha financiación en 30 millones. Ese reajuste era insuficiente para cumplir el actual Plan de Equilibrio Financiero de la CARM, por lo que la actual operación de extinción y privatización pretende reducir el presupuesto anual a menos de 15 millones de euros por año.

El coste laboral se reparte entre los 90 trabajadores de RTRM y los 263 de GTM (Grupo Televisión de Murcia S.A.), empresa que ya ha explicado a través de Miguel María Delgado, director ejecutivo, que no le queda otro remedio que plantear un ERE que afectará a casi toda la plantilla. Parte de ella habrá de permanecer en su puesto de trabajo para cumplir con esa emisión bajo mínimos durante el más de medio año que dure la transición, aunque la pretensión de GTM es presentarse al concurso público y recuperar así a la mayor parte de sus profesionales.

Naturalmente al anuncio de la privatización han seguido las reacciones políticas. El secretario de Comunicación del PSRM-PSOE, Emilio Ivars, ha exigido que el presidente Ramón Luis Valcárcel explique exactamente qué ocurrirá y ha afirmado que este suceso es “un ejemplo de su nefasta gestión de una televisión manipulada a su antojo”, recordando además que ante las palabras de González Pons en las que se vaticinaba el cierre de 7RM Valcárcel lo desmintió. Para Ivars “todos los desmentidos de Valcárcel hasta ahora se han cumplido al 100%”. Mientras tanto el portavoz de la presidencia de IU-Verdes y representante en el Consejo de Administración de RTRM José María Ortega ha denunciado que la gestión ha sido “irresponsable y se ha centrado en el no reconocimiento de la situación generada desde el inicio de la crisis por los impagos del Ejecutivo autonómico”. Por su parte y como es natural, el vicesecretario general de Organización del PP regional, Pedro Antonio Sánchez, ha valorado positivamente la privatización ya que “garantiza su viabilidad con el menor coste posible en un momento de grandes dificultades, conocidas y sufridas por todos” y además es “una fórmula que no sólo permite reducir el coste de este servicio frente a las limitaciones presupuestarias que nos vienen impuestas por la actual situación económica y financiera, sino también garantizar su papel como servicio público y el mayor número posible de puestos de trabajo”.

El caso murciano puede ser un campo de experimentación a escala para llevar a cabo otras privatizaciones. Debido al precario estado financiero y, en muchos casos, de baja audiencia, de las televisiones autonómicas en peligro, son muchas las empresas del sector interesadas en la privatización, pero no en una adjudicación global. Algunos importantes grupos como Secuoya o Vértice 360º podrían preferir hacerse sólo con franjas de emisión o con la producción de determinado tipo de contenidos y servicios, desmembrando en pedazos los entes públicos. Ésa es la realidad de las empresas privadas: la ley de la oferta y la demanda.