La ministra de Sanidad, Ana Mato, afirmó este miércoles que “el seguimiento de las enfermedades crónicas para extranjeros sin cobertura asistencial ni residencia legal” en España estará garantizado a partir del 1 de septiembre, fecha en que la reforma que impide el acceso a la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares entra en vigor.

Durante la reunión con los consejeros del ramo que hoy mantuvo en Valladolid, Mato reiteró que el Real Decreto-Ley para la racionalización del gasto también asegura “los tratamientos de urgencia y la asistencia a los menores y a las mujeres embarazadas”, así como “la prevención y control de enfermedades transmisibles a través de los programas de salud pública”.

Según afirmó, “la asistencia sanitaria se seguirá prestando en el Sistema Nacional de Salud para todo el que la necesite, pero el que no sea titular del derecho (el que no tenga tarjeta sanitaria) deberá abonarla”. Agregó que así estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986.

Serán los servicios de salud de las comunidades autónomas los que establezcan aquellos procedimientos necesarios para prestar asistencia a quienes la necesiten sin que por ello se genere ningún derecho “que pueda dar lugar a ciertos abusos o ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema”.

En referencia al decreto-Ley, Mato también afirmó que “hemos tomado medidas para poner freno al turismo sanitario”, y defendió que la nueva regulación sobre el “derecho a ser asegurado y beneficiario no es una cuestión de ajuste económico”.

“Se trata de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, y de garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles fuera de nuestras fronteras”, subrayó.

Asimismo, Mato achacó la reducción del gasto farmacéutico (tanto en número de recetas como en gasto medio por medicamento) en julio a la eficacia del decreto-Ley, cuyas medidas en dicho ámbito entraron en vigor ese mes.

“Estos datos constituyen sin lugar a dudas una extraordinaria noticia para el conjunto de la sanidad pública”, declaró Mato, quien avanzó que en la agenda del Ministerio figura una reforma de su “política de recursos humanos”.

Desde la aprobación de la LOPS y del Estatuto Marco ha transcurrido un dilatado periodo de tiempo en el que se ha producido un cierto estancamiento en la política común de recursos humanos y cierta dispersión normativa”, señaló.

Por ello, “parece necesario propiciar soluciones y medidas innovadoras, sensibles a lo que precisan los profesionales y a lo que requieren los gestores públicos”.