Parece haberse conjurado el intento de Cataluña de constituirse en estado independiente y digo parece porque puede ocurrir que vuelvan a intentarlo en otra ocasión, con la experiencia que hayan acumulado de este episodio fallido. Naturalmente que no tenía que haberse llegado a los límites a que se ha llegado si el gobierno de España hubiera tomado las medidas necesarias desde el principio y si los políticos, de todos los colores, hubieran tenido en cuenta el bien común antes que sus intereses partidarios. Hay muchos políticos y pocos estadistas, si es que hay alguno.

Quizás la tarea más urgente sería la de revisar la Constitución de 1978, cuyo rodaje de 40 años ha puesto al descubierto sus fallos y carencias.

Se dice en ella que los españoles son iguales ante la ley, pero en las disposiciones adicionales y transitorias se dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Aunque hable de territorios, tales derechos históricos serán de las personas, con lo que el solemne principio de igualdad de todos los españoles deja de cumplirse. Si el territorio tiene un privilegio, los que gozan de él son sus ciudadanos y tales privilegios son motivo de discriminaciones inaceptables, respecto a los españoles de otras regiones autonómicas.

El artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a la vida pero habría que añadir que este derecho es desde su concepción hasta la muerte natural. No pensamos en aquel momento que el aborto se convertiría legalmente en un derecho y la eutanasia está a pique de serlo también. Somos un país que se suicida sin descendencia y envejece rápidamente. ¿Habrá estadistas que asuman el problema?

¿Dónde queda la libertad de conciencia y expresión si nos quieren obligar a aceptar la ideología de género, incluso con amenazas?

El derecho de los padres a decidir la formación religiosa y moral de sus hijos resulta cada vez más problemático. Por un lado por la fragilidad de las familias y por otro la manipulación permanente de la educación para inculcar los que se dicen “nuevos valores” o educación para la ciudadanía.

¿Las autonomías han sido beneficiosas para los ciudadanos? Para los políticos no hay duda. Pienso que su coste, a cargo de los ciudadanos, no se justifica. Habría que revisar a fondo el título VIII de la Constitución.

Se han traspasado tantas competencias que España se ha convertido en una maraña de leyes, decretos y reglamentos sobre todas las cosas que han dado lugar a aventuras como la “construcción nacional catalana” a través de la manipulación educativa y el control de los medios de comunicación, a la imposibilidad de establecer un régimen hidrológico para todos, ya que cada comunidad autónoma defiende a ultranza sus ríos. Hay un egoísmo autonómico patente.

Para asegurar la igualdad de todos los españoles es necesario que el poder central vuelva a recuperar competencias en educación, en sanidad, en servicios sociales y solo traspase aquellas cosas que realmente signifiquen un acercamiento de la administración a los administrados.

También habría que revisar la vigente ley electoral que es anterior a la misma Constitución. El reparto de parlamentarios por provincias, cuando la población resulta heterogénea, da resultados que no resultan lógicos.

A ver si se deciden a efectuar las oportunas modificaciones, sin querer volver a ningún tipo de federalismo. El desastre de la Primera República que nos sirva de escarmiento.