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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado este jueves una providencia por la que reclama los informes médicos del preso de ETA Josu Uribetxeberria para valorar la aplicación del tercer grado.
En la providencia, pide a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias los "informes médicos actualizados sobre el estado de salud del interno".
Una vez recibidos esos informes, la Clínica Médico Forense de la Audiencia Nacional deberá emitir informe sobre su estado de salud.
Con ese informe, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias deberá estudiar la posible aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, informando al juez de la resolución adoptada.
Ese artículo establece que los presos "enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad".
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han mantenido un primer encuentro con el objetivo de establecer las líneas de colaboración y los mecanismos necesarios para que los derechos de las personas mayores y con discapacidad mayores estén presentes en el marco de las políticas municipales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron durante 2023 un total de 24.581 denuncias por desaparición que corresponden a 15.126 personas diferentes, según el balance difundido por el Ministerio del Interior. El titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el ministerio va a empezar a prestar atención psicológica gratuita a los familiares de las personas desaparecidas.
Actualmente, cuando despiden a una persona trabajadora de manera improcedente, ya sea porque se carece de una justificación legal o porque no se ajusta a la legislación vigente, ésta recibe una compensación económica que se establece en 33 días de salario por año trabajado con prorrateo mensual para periodos inferiores a un año y hasta un límite de 24 mensualidades. Pero los sindicatos han considerado que esta indemnización es muy baja.
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