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Etiquetas:   Caballo de Troya   -   Sección:   Opinión

Cárceles de papel

Vicente Sancho
Redacción
lunes, 11 de julio de 2005, 01:51 h (CET)
Judith Miller, redactora de The New York Times, deberá ingresar en la cárcel por negarse a facilitar el nombre de un confidente. El juez de Washington, Thomas Hogan, ha considerado que la periodista incurría así en un delito de desacato y ha ordenado su ingreso en prisión hasta el próximo mes de octubre, cuando el Gran Jurado encargado de la investigación concluya su trabajo. La máxima pena que podría caerle entonces a Judith Miller por ocultar el nombre de su confidente podría ser de diez años de prisión.

El caso de la periodista americana ha destapado de nuevo el peliagudo tema de la confidencialidad como medio necesario para salvaguardar la libertad de información.

Si un componente de la prensa, bajo requerimiento policial o judicial, desvelara la identidad de quien le ha facilitado una pista, un nombre o un dossier completo sobre determinado asunto, cundiría la desconfianza o el miedo a hablar, y el tenebrismo de otras épocas planearía de nuevo sobre el cielo de unos pueblos que se han organizado bajo unos presupuestos democráticos, totalmente incompatibles con cualquier método inquisitorial. Se correría, en suma, el peligro de confundir las causas con los efectos, el humo o la lava con el volcán, el cubo de agua con el océano. De nuevo el dedo acusador se posaría sobre quien descubre el hecho, sobre quien lo denuncia, mientras que el hecho denunciado quedaría en un segundo término, semioculto, minimizado y sin relieve. Los alcones entonarían una vez más a lo largo de la historia esa patética y furibunda frase cuyo trasfondo hace temblar los cimientos de esta larga civilización: "Matemos al mensajero y la noticia perecerá con él". Matar al mensajero representaría, ni más ni menos, que amordazar la verdad y secuestrar su recia voz.

Cualquier ciudadano está obligado a colaborar con la ley para que se pongan al descubierto los delitos y el ocultamiento de datos relacionados con ellos podría considerarse complicidad con el delincuente. Todo ello es cierto y la clase periodística no tiene que disponer de un fuero especial que lo exculpe de una norma que se proyecta sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos Pero también es cierto que en un porcentaje altísimo de casos el confidente del periodista no es el delincuente, no es quien ha infringido la ley o ha violado algún principio sacrosanto de los que hace temblar la sensibilidad social. Es, más bien, quien denuncia al infractor, quien se acerca a un medio de comunicación con la finalidad de que le sirva de altavoz y de que el hecho denunciado percuta a los cuatro vientos como un sonoro aldabonazo de imparable efecto.

Al juez y al policía les debería bastar con la denuncia publicada, con la verdad impulsada a volar a cielo descubierto. Su labor investigadora debería comenzar a partir del conocimiento de la infracción señalada, del delito descubierto. Y al periodista, o a su fuente confidencial, sólo se debería acudir si en el curso de las investigaciones se descubriese la falsedad de los hechos publicados o la posibilidad de un daño irreversible para la sociedad o para alguna persona en particular.

La inexistencia de una ley de prensa que regule aspectos tan básicos deja a los profesionales de los medios de comunicación, y a estos mismos medios, en una situación de desamparo que no beneficia para nada a la necesaria libertad de expresión que debe imperar en una sociedad democrática. Son innúmeros los países -y EE.UU y España no son una excepción- donde el oscurantismo legal se cierne sobre la actividad profesional de quien toma la pluma cada mañana para escribir en los periódicos. La ausencia de una normativa clara sólo puede beneficiar a quien merodea por las alcantarillas, a quien socava cimientos al amparo de las sombras, a quien intriga y a quien carece de los escrúpulos necesarios para entender que existen unas reglas a las que hay que someterse y cuya conculcación debe conducir inevitablemente al desprecio social y al castigo de la ley.

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