Estamos en agosto y la Junta de Castilla y León ya ha cobrado la matrícula de la Universidad a quienes eligieron hacerlo en un solo pago (doy fe de ello, porque soy uno de los miles de afectados). Hasta el año pasado se cobraba en octubre. La del curso 2012/2013 ya nos la han pasado por la cuenta bancaria.

Algo muy grave (¿inconfesable, tal vez?) está sucediendo en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y por eso vamos a pedir cuentas al director general de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación y al propio presidente, Juan Vicente Herrera. Sin embargo, a los centros docentes de ámbito no universitario ni siquiera les han enviado el 60% para gastos de funcionamiento (primer libramiento), correspondiente al ejercicio económico 2012. ¿Es posible mayor abuso, descontrol, incumplimiento, contradicción, ineficacia y recochineo?

Estamos ante un claro acto de vergüenza y descontrol que nunca imaginamos que se pudiera llegar a él. Va a ser cierto lo que decía Hugo Betti respecto a que “el camino que seguimos es, pensándolo bien, el que merecemos”, pues el error de votar al mentiroso por parte de muchos ciudadanos sale a relucir al día siguiente. Miles de familias de Castilla y León sufren las consecuencias de la crisis y el paro, mientras sus dirigentes cabalgan en ‘carrozas doradas’, avanzan de error en error y desprecian a quienes les dan de comer. No hay más que comprobar la imagen que se ha labrado la ‘casta’ política.

Es evidente que ese adelanto en el cobro de la matrícula universitaria es una prueba más del fracaso de la gestión del Estado autonómico, en el caso de Castilla y León. En la actualidad, nuestra Constitución es un fracaso sonado en lo que se refiere a su Título VIII. Pero un fracaso que no se cansan de denunciar en la Unión Europea y que solo conviene a las ‘familias políticas’ que están instaladas en la holganza del poder y en el abuso de las prebendas.

Estamos ante una prueba más de la necesidad de devolver la Educación (y de paso, la Sanidad) al Estado central. Las CC.AA. no han sabido controlar al caballo desbocado del desorden, la corrupción y el despilfarro. Ni siquiera han sabido llevar a cabo los recortes en los sectores más necesarios; no hay más que comprobar cómo sigue habiendo funciones duplicadas y triplicadas en las comunidades autónomas. No puede ser que las comunidades hayan pretendido ser Estados y, hasta algunos Ayuntamientos, pretendan actuar como comunidades autónomas. En esta ocasión no vamos a hablar del pufo y oloroso tufo de las Diputaciones.

Pero volvamos al cobro de la matrícula universitaria. Por si no era suficiente, hemos podido comprobar que alumnado universitario no se pueden matricular (ni siquiera en primera matrícula) en la Universidad por la subida de las tasas; algo que también se produce en un sector del alumnado que procede del bachillerato. Hay familias enteras en el paro y los hijos se ven obligados a dejar la Universidad en muchos casos (sabemos de muy buenos alumnos y alumnas que ven interrumpida su trayectoria académica y que ni siquiera las becas llegan para subsanar el problemón). En muchos casos, el alumnado se ve obligado a matricularse de dos o tres asignaturas tan solo porque la economía familiar no da más de sí o a dejar asignaturas en segunda matrícula porque el importe se dispara un 44% respecto a la primera matrícula.

Ni que decir tiene que alumnado con dos asignaturas pendientes de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones -- en tercera matrícula-- para acabar la carrera, se está viendo obligado a abandonar la Universidad porque el importe de esas dos asignaturas no lo pueden pagar, pues supone un 99% de subida respecto a la primera matrícula.

Estamos viendo cómo progenitores lloran ante la ventanilla de la entidad bancaria porque se ven obligados a devolver el recibo de matrícula, con lo que sus hijos pierden la matrícula universitaria; un recibo que esperaban poder pagar en octubre (fecha habitual de pasar el importe) pero que en agosto es imposible porque el saldo de la cuenta apenas arroja un saldo de 723,45 euros.

Estamos ante el ‘gran logro’ y la ‘gran obra’ del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y del Gobierno de Mariano Rajoy; es decir, que solo van a poder estudiar los hijos de las familias pudientes y acomodadas. Del ministro de Educación actual, tal vez no nos acordemos en el futuro pero a sus ascendientes más cercanos sí les tendremos presentes en muchas ocasiones. Algo parecido a lo que sigue sucediendo con Cruz Martínez Esteruelas, ministro de Educación y Ciencia que cerró la Universidad de Valladolid durante el curso académico 1974-1975.

No hay duda que, cuando la Universidad se acota para los ricos, es el momento de tomar la calle con todas las consecuencias y sin miramientos. Seguir ‘cabalgando’ con un Gobierno como éste –capaz de reprimir las esperanzas, el futuro y los sueños de familias enteras-- es conformarse con esperar la llegada de la represión más injusta e innecesaria. Lo peor que podemos hacer es intentar cruzar un precipicio de dos saltos y, aunque no lo crean, el Gobierno de la derecha ‘mariana’ nos está obligando a ello.