Canal Nou fue el primero en confirmar la salida de 1.295 trabajadores. Tras los preparativos en Telemadrid, el cierre “fantasma” en Murcia o la filtración en TV3, llegan los rumores a la mismísima Corporación RTVE.

Desde esta columna ya anuncié el gran recorte en la Corporación RTVE: de los 1.200 millones de euros que se manejaban como presupuesto, el gobierno decidió eliminar más de 200 millones de la partida directa que financia el estado (casi el 36’5% de la subvención estatal). Con un presupuesto que finalmente se ha estimado en unos 966.000 millones de euros, RTVE repercutió en los contenidos el descenso presupuestario. Esto es, para evitar el despido de profesionales, eliminó de su parrilla programas para que no computaran como gasto en este 2012.

Si en enero aventuraba que antes o después iban a ser los trabajadores quienes iban a sufrir esa pérdida, parece que la decisión del gobierno de incluir a RTVE en el recorte adicional de 600 millones de euros en todos los ministerios puede finalmente saldarse con la imposibilidad de sostener los más de 6.000 trabajadores que forman parte de la Corporación. Según informa El Confidencial Digital los directivos de la casa no descartan reducir la plantilla, ya que un nuevo recorte pondría en peligro los 450 millones de euros destinados al coste de nóminas y seguros sociales. Unos despidos que, según aventura ECD, podrían acometerse en 2013.

Esta mala noticia para el empleo en el sector audiovisual viene unida a las filtraciones de TV3. Supuestamente alguien pirateó la cuenta de correo de la dirección y difundió masivamente un mensaje que incluía un informe sobre el coste del despido de todos los trabajadores. La dirección salió al paso en una reunión con los representantes de los trabajadores declarando que era un documento de rutina. En cualquier caso no descartó un ERE, pero siempre en paralelo con la actual negociación del convenio colectivo que están llevando a cabo y que podría redefinir la Corporación Catalana de Medios y fusionar Catalunya Radio con TV3. La Televisió de Catalunya cuenta ahora con casi 2.000 trabajadores.

Sin abandonar la costa mediterránea nos encontramos con Canal Nou. La Ràdio Televisió Valenciana está en la fase final de un ERE que eliminará 1.295 puestos de trabajo de un total de 1.695. Sólo 400 personas quedarían contratadas. Siguiendo nuestro recorrido geográfico la Radiotelevisión de la Región de Murcia sufrió durante unas horas un cierre virtual. Unos 260 empleos quedaban en el aire cuando el vicepresidente de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, anunció en el programa ‘La Linterna’ de la Cope que “la televisión autonómica murciana va a cerrar sus puertas mañana o pasado”. González Pons se disculpó poco después declarando que no tenía más información que la que era pública. Una disculpa que no confirmaba el futuro de la cadena.

Y mientras el director general de RTVCM (el ente público de Radio y Televisión de Castilla-La Mancha) Nacho Villa negó en junio la posibilidad de presentar un Expediente de Regulación de Empleo, aunque para mantener la plantilla los trabajadores votaron al final de julio a favor del III Convenio Colectivo, que incluye la disminución del salario base en un 5%, la disminución de un 20% en todos los complementos de la tabla salarial, incluida antigüedad, o congelación salarial para el año 2012, entre otras medidas.

Terminamos nuestro itinerario llegando al centro de la península. Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid, adelantó en mayo un ERE que afectaría a 600 de los 1.175 empleados de Telemadrid. Y hace pocos días recordó que su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió a privatizar la cadena autonómica cuando la ley lo permitiera. Dicha posibilidad se hizo viable el viernes 3 de agosto con la publicación de la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Este cambio permite a los gobiernos autonómicos decidir el futuro de sus televisiones. Podrán eliminar el servicio o mantenerlo, pero si optan por su mantenimiento se abre la posibilidad de privatizarlo parcial o totalmente. En cualquier caso no podrán tener déficit. Esperanza Aguirre, por tanto, se mostró dispuesta a la privatización si hubiera personas físicas o jurídicas interesadas en hacerse cargo de un canal que cerró 2011 con una deuda de unos 242 millones de euros y que experimenta un fuerte descenso en su audiencia media.